La diputada regional del Partido Popular de la Región de Murcia, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado que el PSRM «se revuelve utilizando de forma torticera la salud de los murcianos» ante «otro duro golpe al sanchismo» en los juzgados. En una intervención pública, la parlamentaria popular ha criticado que los socialistas recuren «una vez más al ruido y la confrontación» mientras avanzan las investigaciones que afectan al Gobierno de España, destacando la reciente imputación de los 25 funcionarios de la Sepi por la trama Leire y la dimisión de la directora general de la Agencia Tributaria.
Ruiz Jódar ha subrayado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) «desconoce el informe al que hace referencia el PSOE» en relación con las prótesis y ha reiterado que «los pacientes están bajo control y supervisión permanente». Además, ha asegurado que los profesionales sanitarios no han detectado «episodios clínicos relacionados con la implantación de material que no sea adecuado», reforzando la confianza del Gobierno regional en la labor de la Justicia para «esclarecer todos los hechos y llegar hasta el final».
La diputada popular ha recordado que el SMS «es el primer interesado en que este asunto se esclarezca», motivo por el que se personó desde el primer momento en la causa judicial como parte perjudicada, colaborando con la investigación y facilitando «toda la información requerida». En este sentido, ha destacado la «diferencia clara» entre el actuar del Gobierno regional, que actúa con «transparencia, colabora con la Justicia y garantiza la seguridad de los pacientes», y la estrategia del PSOE, que «intenta generar alarma social con fines exclusivamente políticos».
Finalmente, Ruiz Jódar ha exigido a los dirigentes socialistas que «abandonen la estrategia de la mentira y la manipulación» y que «dejen de utilizar la sanidad pública de la Región de Murcia como cortina de humo para ocultar los graves casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su partido». La crítica se enmarca en un contexto de tensiones políticas derivadas de las investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo nacional.
