El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha denunciado en la Comisión Especial de Estudio sobre el Trasvase Tajo-Segura que las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica están generando un “grave perjuicio” al sureste español, sin que exista evidencia de beneficios acreditados para otros países que no sea Portugal.
Durante su intervención, Cano ha afirmado con contundencia que “no existe evidencia científica de que alguien se haya beneficiado de la subida del caudal ecológico del Tajo, excepto Portugal”, destacando que esta medida “ha tenido consecuencias directas y negativas para los agricultores y regantes del Levante”. El parlamentario ha criticado la actitud del Ministerio, asegurando que “no nos escucha” y que “las relaciones con los usuarios son inexistentes”, lo que, a su juicio, refleja una “falta total de diálogo y consenso en la toma de decisiones”.
Cano ha recordado que las sentencias del Tribunal Supremo “ordenaron el establecimiento de caudales ecológicos, pero en ningún caso fijaron ni condicionaron su cuantía concreta”, rechazando así el uso político que se está haciendo de estas resoluciones. Ha subrayado, además, una “preocupante contradicción y una grave incoherencia entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura”, una situación que, según el diputado, evidencia la necesidad urgente de rectificar los errores acumulados en la planificación hidrológica de los últimos años.
El parlamentario ha acusado al Gobierno central de haber vulnerado los principios del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura como instrumento de gobernanza hídrica, “adoptando criterios arbitrarios, alejados del consenso y de la base técnica, y perjudicando gravemente a los usuarios del trasvase”. En este sentido, ha alertado de que sustituir el trasvase por la desalación supondría “condenar a los regantes a pagar el agua más cara de Europa y a depender de una infraestructura condicionada por el suministro eléctrico y por la voluntad presupuestaria de un Gobierno que, además, ni siquiera cuenta con presupuestos”.
Por otro lado, Cano ha denunciado que al Partido Socialista “le molesta que los usuarios y regantes del SCRATS participen en esta Comisión”, criticando la falta de respeto hacia quienes conocen de primera mano la realidad del sector. El diputado ha trasladado la preocupación de los regantes ante un escenario que amenaza la viabilidad del sector agrícola y el futuro económico del sureste español.
Finalmente, Cano ha insistido en que “España no necesita más ocurrencias en materia de agua, sino una política nacional rigurosa, estable y efectiva”, y ha concluido que “defender el Trasvase Tajo-Segura no es una opción política, es una obligación de Estado”. “Solo desde su defensa y desde una planificación hidrológica seria y coherente se podrán resolver los problemas hídricos de nuestro país”, ha afirmado, reclamando al Gobierno un cambio de rumbo basado en el diálogo, el consenso y los criterios técnicos.
