Según el concejal de IU en Lorca, Pedro Sosa, el dinero que aporta Grupo Orenes a esta gala procede de “miles de familias de Lorca y de la Región arruinadas y padeciendo las ludopatías de sus familiares enganchados al juego y a las apuestas”. A su juicio, aceptar este patrocinio es incompatible con una celebración institucional del Día de la Región.
La gala se celebrará en Lorca la noche del lunes 8 de junio, víspera del Día de la Región de Murcia (9 de junio), y forma parte de los actos centrales con los que se conmemoran los 44 años de autonomía y la aprobación del Estatuto de Autonomía. En el cartel oficial figuran diez patrocinadores institucionales y privados, entre ellos la conocida empresa de juego y apuestas Orenes, cuya presencia ha provocado la reacción de IU tanto en el municipio como a nivel regional.
Este viernes, el diputado regional de IU, José Luis Álvarez Castellanos, y el propio Sosa ofrecieron una rueda de prensa en Lorca para denunciar este patrocinio. Sosa recordó que de poco sirve que el PP local apoye en el Ayuntamiento mociones de IU para alejar las casas de apuestas de los centros educativos si, después, el PP que gobierna en la Región acepta patrocinios de estas empresas, que “evidentemente no hacen estas inversiones gratis”. Aludió en concreto a una moción de IU aprobada en el Pleno de enero de 2026 por PP, PSOE e IU y solo rechazada por Vox, al que acusó de apoyar abiertamente al negocio del juego y, con ello, “la extensión de la ludopatía y las desgracias de las familias que la sufren”.
Como gesto de protesta, Sosa anunció que, pese a haber sido invitado, no asistirá a la gala, a la que calificó de “vergonzante” por este patrocinio. Además, comparó la situación de Murcia con el caso de corrupción que aún se investiga a nivel estatal y en el que estarían presuntamente implicados el exministro del PP Rafael Catalá, vinculado a la empresa de apuestas Codere, y la consultora Equipo Económico, del exministro Cristóbal Montoro, contratada para promover en el Congreso leyes favorables al sector del juego.
Por su parte, Álvarez Castellanos acusó al Gobierno regional de legislar “al dictado de los poderes económicos y empresariales”. Señaló que, igual que ocurre con la vivienda, la sanidad o la normativa ambiental, en materia de juego y apuestas la legislación es “tan laxa y beneficiosa para el negocio como perjudicial” para las personas con ludopatía y sus familias. Esa permisividad, apuntó, explica en buena medida que la Región de Murcia triplique la media estatal de casas de apuestas y duplique el número por habitante de la siguiente comunidad autónoma con más locales.
El diputado denunció además que el PP mantiene paralizados tres decretos clave en el Parlamento regional. El primero regula las distancias mínimas entre locales de juego y centros educativos; su aprobación, recordó, impediría renovar licencias que no respetaran los nuevos límites, tal y como han señalado la jurisprudencia y los informes jurídicos de la Cámara. El segundo decreto pendiente se refiere a la publicidad exterior de las salas de juego, que obligaría a eliminar fachadas llamativas y grandes carteles, sustituyéndolos por rótulos discretos y exigiendo advertencias sobre los riesgos del juego en el interior de los locales. El tercero aborda el bingo electrónico y un mayor control de accesos para impedir la entrada de menores y de personas inscritas como jugadores con adicción.
Álvarez Castellanos concluyó que esta “parálisis múltiple” de las normas destinadas a ordenar el sector del juego y proteger a la población es una “prueba evidente” de que se gobierna en favor de las empresas del juego y no del interés general.
