*El Pleno del Ayuntamiento de Lorca, a iniciativa del PP, exige al gobierno
de Sánchez la anulación del proceso de regularización masiva de extranjeros*
*Es una medida que nadie comparte, ni la Unión Europea, ni los sindicatos
policiales ni la inmensa mayoría de los españoles. Premia a las mafias que
trafican con seres humanos y ha detonado un efecto llamada descomunal.*
*Es muy evidente que el objetivo de este proceso es adulterar el censo de
votantes de cara a las próximas elecciones, y que a la regularización le va
a seguir la concesión de la nacionalidad y el voto, como ya ha anunciado la
izquierda.*
*El PP lorquino denuncia que el PSOE «está regalando la ciudadanía española
al primero que pasa por la puerta ¿es que ser español, haber nacido aquí y
tener padres y abuelos que han contribuido a levantar España no vale de
nada?»*
*Lorca, 23 de febrero de 2026.-* La secretaria general del Partido Popular
y Portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, ha informado que el
Ayuntamiento de nuestra ciudad, en la sesión de Pleno celebrada esta
mañana, ha aprobado una moción del PP lorquino rechazando el proceso
extraordinario de regularización de extranjeros aprobado de forma
unilateral por el Gobierno de España y exigiendo su retirada inmediata.
La secretaria general del PP lorquino, Rosa María Medina, ha manifestado
que la política migratoria sea debatida y acordada en las Cortes Generales,
habida cuenta de que este proceso, por primera vez en la historia, se ha
promovido a espaldas del parlamento, tanto del congreso como del senado.
Rosa Medina ha subrayado que la política migratoria actual tiene que
centrarse en reforzar el control de nuestras fronteras, ejecutar las
expulsiones, devoluciones y retornos de delincuentes; combatir las mafias
de tráfico de personas y alinear la política migratoria nacional con el
Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Desde el PP lorquino se ha puesto de manifiesto que este proceso es un
disparate porque castiga y penaliza a las personas que sí han entrado de
forma legal en España, con un contrato de trabajo, y que han desarrollado
su proyecto de vida aquí de acuerdo a la ley y respetando nuestra sociedad.
Están regalando la ciudadanía española al primero que pasa por la puerta
¿es que ser español, haber nacido aquí y tener padres y abuelos que han
contribuido a levantar España no vale de nada? Es una medida que premia a
las mafias que trafican con seres humanos, a los patrones de las pateras y
los cayucos y a quienes han entrado ilegalmente en nuestro país. Rechazamos
esta barbaridad porque no responde en absoluto a criterio alguno de
humanidad, sino al miserable interés político del sanchismo.
El PSOE se está equivocando gravemente en todo lo que tiene que ver con
este asunto, ejerciendo una irresponsabilidad total, que rechazan la
inmensa mayoría de los españoles. Aquí en Lorca ya sabemos que esta forma
de actuar de los socialistas viene de lejos, porque en nuestro municipio
promovieron activamente entre 2019 y 2023 la nacionalización de extranjeros
en Lorca, con una Concejalía de Inmigración que expedía informes de
arraigo: pasaron de 224 en 2019 a 688 en 2022, y se le otorgó acceso
directo al registro del Ayuntamiento y al padrón municipal, ventajas que no
tenía ninguna otra concejalía. En cuanto recuperamos el Ayuntamiento en
2023, desmontamos ese chiringuito y nos cargamos el sistema socialista que
estaba expandiendo el modelo de ciudad dormitorio. Ahora se sacan de la
manga esta barbaridad para seguir con su ejercicio de cambio social, pero
se lo vamos a impedir con todos los mecanismos y recursos que podamos».
Desde el PP lorquino han recordado que detrás de esta nacionalización están
los mismos de siempre, los socialistas de Casalduero, que son más
sanchistas que Pedro Sánchez. Es su gobierno, es su decisión y su
responsabilidad. Hace unos años todos escuchamos en los medios de
comunicación lo que fueron capaces de hacer en determinadas reuniones
engañando a inmigrantes, cuyos audios trascendieron a la opinión pública,
prometiendo prebendas a cambio de votos.
El PSOE ha optado por impulsar una regularización masiva mediante Acuerdo
unilateral aprobado por el Consejo de Ministros, eludiendo deliberadamente
el debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales,
pese a tratarse de una decisión de enorme impacto social, económico,
jurídico y territorial.
Dicho Acuerdo se adopta al margen de las Cortes Generales, después de que
el propio Gobierno comprobara que no disponía de la mayoría parlamentaria
suficiente para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular de
regularización, una vez presentadas las enmiendas por los distintos grupos
parlamentarios.
Este planteamiento es frontalmente contrario al Pacto Europeo de Migración
y Asilo, que rechaza las amnistías migratorias colectivas y apuesta por
procedimientos individualizados, vinculación al empleo, control efectivo de
fronteras, retornos reales y lucha contra las mafias de tráfico de
personas. De hecho, la Comisión Europea ha mostrado sus serias reservas a
la decisión por *“no estar en línea con el espíritu de la Unión Europea en
materia de inmigración”.*
Además, esta se pretende realizar sin memoria económica, sin planificación
de impacto en servicios públicos y sin refuerzo previo de fronteras ni de
los sistemas de retorno, cuando España apenas ejecuta el 17% de las órdenes
de expulsión dictadas. Es decir, se regulariza sin controlar entradas y sin
hacer cumplir las salidas.
Esta medida constituye un incentivo directo a las redes mafiosas de tráfico
de personas que se lucran del llamado “efecto llamada”, al trasladar la
expectativa real de regularización legal con independencia de cómo se haya
accedido al país.
Las consecuencias de decisiones irresponsables como estas serán inmediatas:
más llegadas irregulares, más mafias lucrándose, más presión sobre los
servicios públicos y, sobre todo, más tragedias humanas, hombres, mujeres y
menores, intentando alcanzar nuestras costas y muchos de ellos, perdiendo
la vida en el intento.
