VOX y Partido Popular han registrado una moción conjunta de urgencia en el Ayuntamiento de Lorca para instar al Gobierno de España a paralizar de inmediato el proceso de regularización de internos extranjeros en centros penitenciarios. La iniciativa, presentada el 24 de abril de 2026, considera que esta medida supone un grave riesgo para la seguridad, el orden público y la credibilidad del sistema judicial.
Según el texto de la moción, la regularización de internos extranjeros, incluidos presos preventivos, podría consolidar su permanencia en España incluso tras una posible condena. Los grupos municipales denuncian que aproximadamente el 85% de estos internos acaba siendo condenado por sentencia firme, lo que, a su juicio, convierte la política en “un auténtico despropósito”.
La moción alerta de que la regularización administrativa genera arraigo, un factor clave que dificulta la posterior expulsión del territorio nacional. En este sentido, VOX y el Partido Popular advierten de que el Gobierno estaría “consolidando la permanencia en España de personas que podrían haber cometido delitos graves”, invirtiendo así los principios básicos de cualquier sistema democrático basado en la legalidad y la responsabilidad.
La iniciativa se enmarca en una crítica más amplia a la política migratoria del Gobierno, que, según los grupos, está generando consecuencias visibles en distintos ámbitos: aumento de la presión sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad; incremento del gasto público; sobrecarga de los sistemas de protección social; dificultades de acceso a la vivienda y un deterioro progresivo de la seguridad en determinados entornos.
María Teresa Ortega, concejal de VOX, ha calificado la decisión del Gobierno como “absolutamente irresponsable”, afirmando que “rompe con cualquier lógica jurídica” y “lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad”. Ortega ha subrayado que no se puede permitir que personas en prisión, muchas de ellas por delitos graves, puedan beneficiarse de procesos que consolidan su permanencia en España, y ha advertido de que “no se puede normalizar que delinquir en España pueda acabar facilitando la permanencia en el país”.
Por su parte, Belén Pérez, concejal popular, ha criticado la aprobación unilateral del Acuerdo por el Consejo de Ministros, eludiendo el debate parlamentario y el control de las Cortes Generales. Desde el Partido Popular, rechazan la regularización masiva de extranjeros y reclaman un modelo “de carácter excepcional, individualizado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica”.
La moción solicita que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno a dejar sin efecto la regularización masiva de inmigrantes, incluyendo a quienes se encuentran en prisión preventiva, al considerar que esta medida afecta directamente a la convivencia, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de los servicios públicos.
VOX y Partido Popular coinciden en que las administraciones locales no pueden permanecer al margen de decisiones que tienen un impacto directo en los municipios, y han defendido la necesidad de adoptar una posición firme ante lo que consideran “una política que pone en riesgo el equilibrio social y el cumplimiento de la ley”.
