Cursos de sevillanas, de zumbas, de danzas, de “body balance” y hasta de cuadrillas generan graves perturbaciones y molestias entre el vecindario.
IU+P+AV exige al gobierno local que cumpla su propia ordenanza en materia de ruido y vibraciones.
Tanto la Ley del Ruido de 2003, como la Ordenanza lorquina de Protección del Medio Ambiente contra el Ruido y las Vibraciones, como las propias Recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) están de parte de los ciudadanos en materia de salud, de convivencia, de medio ambiente sonoro y de descanso, pero para que pasen del papel de la norma a la realidad hace falta voluntad, compromiso y trabajo de un gobierno local que no hace nada por cumplir con las normas en esta materia.
El portavoz de la coalición de izquierdas, Pedro Sosa, informaba esta mañana en rueda de prensa del cansancio de un numeroso grupo de vecinos del Residencial La Alberca frente al desinterés y la desidia municipal por solventar el grave problema de contaminación acústica y vibraciones que sufren estas comunidades de vecinos desde hace más de 20 años, como consecuencia de la continúa realización de cursos y actividades formativas de la Universidad Popular de Lorca en los que se requiere la música y el baile y el taconeo sobre pisos de madera.
Con el calendario en la mano de las actividades programadas por la Universidad Popular para este curso 24-25, Sosa afirma que hay nada menos que tres cursos de bailes (dos se sevillanas y otro de Zumbas y otros estilos), un curso de “body balance”, ocho cursos de danza infantil para diferentes edades, y varios cursos de trovos, de guitarra y hasta de cuadrillas. Todo eso en unos bajos que no están insonorizados y que trasladan a las viviendas situadas arriba y en los entornos próximos unos ruidos y unas vibraciones que impiden la concentración y el estudio de los jóvenes y el descanso de todos.
Sosa apunta que cuando en 2011 se produjeron los fatídicos terremotos en nuestra ciudad, el Ayuntamiento se comprometió con los vecinos a aprovechar las obras de reconstrucción para insonorizar las dependencias, pero trece años después los vecinos siguen sufriendo, pese a sus continuos escritos y denuncias, el desinterés y la desidia de unos gobiernos que deberían ser los primeros en “pregonar con el ejemplo”. Sosa ha terminado afirmando que si en breve no se pone solución al asunto, o insonorizando en condiciones los locales de manera tal que no se cause ningún perjuicio a los vecinos, o trasladando los cursos y actividades más molestas a otros locales, llevará el asunto al Pleno y no descarta exigir la dimisión del responsable político de esta manifiesta injusticia. Y ello, concluye el edil, con independencia de que los vecinos recurran a los tribunales de justicia para buscar en ellos la solución que no les da un gobierno local ineficaz, torpe e insensible a los problemas de la ciudadanía.
