Reivindican la histórica oposición de IU de Lorca a los convenios urbanísticos que, dos décadas después, siguen costando a los lorquinos cantidades millonarias.
La coalición de izquierdas exige al PP que defienda los intereses de Lorca frente a aquellos malos empresarios de los convenios a los que siempre “les tocaba lo metío”
Tras la información puesta de relieve ayer mismo por la Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, La Sr. Hernández, y conforme a la cual unos empresarios de La Hoya exigen al Ayuntamiento 1,2 millones de euros por la falta de desarrollo de uno de los famosos convenios urbanísticos firmados en la primera década de este siglo XXI, el Portavoz de la coalición de izquierdas, Pedro Sosa, ha exigido claridad sobre este asunto, información veraz a los lorquinos y contundencia del gobierno local para enfrentarse a este tipo de peticiones. Sosa sostiene que hay que enfrentarse, con valentía y determinación, a unos empresarios que vinieron a forrarse, vendiendo humo, en el momento más álgido de aquella década de especulación que salpicó de corrupción urbanística, de desastres territoriales y de quebrantos económicos para las arcas públicas, a centenares de ayuntamientos, incluido, para nuestra desgracia, el nuestro, el de Lorca.
Sosa ha recordado que “el tren de los convenios lo llevaba en Lorca el PSOE, la palanca la movía su alcalde, y a su paso le aplaudían el PP, los representantes más granados del empresariado lorquino y los especuladores”. El edil de izquierdas ha tenido palabras de recuerdo para el fallecido portavoz de IU, José Antonio Pujante, y tirando de las actas de aquellos plenos municipales en los que se debatía sobre urbanismo en Lorca, ha afirmado que Pujante se cansó de advertir entonces sobre la inviabilidad de dicho urbanismo; de la desmesura urbanística en la que se aventuraba el Ayuntamiento de Lorca con ese urbanismo “a la carta” depredador del territorio, del paisaje y del medio ambiente; de los costes sociales; de la espiral especulativa; de las dificultades para dotarlos de infraestructuras; y también, cómo no, de los riesgos económicos que finalmente han conllevado. Para nuestra desgracia como lorquinos, afirma Sosa, los desembolsos de dinero público pagado sufridamente por los ciudadanos de Lorca, y que creíamos que se habían parado en la escandalosa cifra de 15 millones de euros, no han acabado y, por lo que vemos, ya podrían superar con creces los 16 millones de euros.
Sosa cree que el pueblo de Lorca, aunque pusiese con su voto a todos esos malos políticos al frente del Ayuntamiento, merece una disculpa por parte de los responsables de este quebranto económico del que responsabiliza a unos y a otros. A los que firmaron los convenios, y también, a los que con una actitud tibia que se movió entre el voto positivo a los mismos y la abstención, después, cuando todo el castillo de naipes de la especulación se vino abajo, los incumplieron metiéndolos en un cajón para que los empresarios amigos pudieran acudir a los tribunales pidiendo devoluciones de “lo metío”. Es más, el portavoz de izquierdas sostiene que “el acta fundacional de los convenios urbanísticos (en Lorca, en la Región de Murcia y en España) hay que situarla en la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Aznar en 1998. A partir de esa Ley, que declaraba que España entera era urbanizable, pudieron hacerse planes generales de ordenación urbana como el de Lorca (que empezó a gestarse en 1999, tras la pérdida de representación local de IU en el consistorio lorquino, y por acuerdo vergonzante entre los dos únicos partidos -PSOE y PP- de aquella corporación 99-03)
En ese Plan General votado por el PSOE y PP ya se integraron diversos convenios en el mismo momento de su aprobación, y después serían muchos más los que pasarían por el Pleno del Ayuntamiento, para, pasados los años, provocar un quebranto económico que hoy paga el pueblo de Lorca cuando lo deberían estar pagando los responsables políticos que avalaron aquellas actuaciones.
Sosa ha afirmado que su formación política no está a favor del allanamiento del Ayuntamiento en los pleitos pendientes, y en los que puedan venir sobre esta materia, ya que eso implica reconocer a quienes vinieron a especular con el suelo a través de los convenios “un derecho al reintegro de lo que apostaron en el casino del suelo en el que convirtieron a Lorca la pasada década”. Un buen empresario, afirma Sosa, es el que corre con el riesgo y ventura de su empresa y de su inversión, no el que hace apuestas sólo para ganar, asegurándose siempre “lo metido”. En esa línea, el concejal de izquierdas mantiene que el Ayuntamiento debe agotar por lo menos la primera instancia y sostener una defensa seria y rigurosa de los intereses económicos del Ayuntamiento. Además, no todos los convenios urbanísticos tienen las mismas cláusulas, ni todos acaban con el mismo Juez.
Pasados los años, concluye Sosa, se ha puesto de moda “estar en contra de los convenios urbanísticos”. Se están apuntando a esta moda todos los actores políticos de Lorca, pero lo cierto y verdad es que la única oposición a los convenios que hubo, cuando tenía que darse, es la que realizó IU. Entonces nos llamaron de todo, nos dijeron que estábamos contra el progreso de Lorca, contra el empleo, contra el desarrollo, y nosotros pusimos encima de la mesa toda una batería de argumentos urbanísticos, territoriales, ambientales, sociales y económicos que el tiempo, por desgracia, ha demostrado acertados.
