Casi 14 años después del devastador terremoto que afectó a Lorca, 26 familias continúan sin recibir los 500.000 euros prometidos para la reconstrucción de sus viviendas. Desde octubre de 2024, el gobierno de España transfirió dichos fondos al gobierno regional de Murcia, pero la ayuda aún no ha llegado a los afectados.
Los damnificados han expresado su frustración, pidiendo: “Que no nos den más esperanzas solo para quitárnoslas de golpe”. Esta situación ha motivado que Pedro Sosa, portavoz del grupo municipal de IU+P+AV, destaque la inoperancia de las autoridades en un reciente Pleno donde exigirá al Alcalde que deje de dar clases en Valencia sobre la situación en Lorca y que, en cambio, presione a López Miras para que se abonen las ayudas pendientes.
Sosa ha criticado la paradoja del Alcalde, Fulgencio Gil, quien, a pesar de tener un historial deficiente en la gestión de ayudas, ha realizado sesiones en Valencia sobre cómo manejar políticamente estas situaciones para beneficiar a los damnificados. Sin embargo, en Lorca, 14 años después del terremoto, muchos casos nuevos han surgido y hay familias humildes que enfrentan exigencias de devoluciones de ayudas que superan lo que realmente recibieron en 2011.
La voz de los afectados se ha alzado una y otra vez. “Hemos tenido que ser nosotros, el grupo municipal más pequeño y humilde de Lorca, quienes impulsemos la acción política para que estas familias accedan finalmente a los pagos que les corresponden”, afirmó Sosa, quien lamentó la injusticia y opacidad que han caracterizado a este proceso durante tantos años.
Los afectados han hecho eco de su paciencia en esta lucha, afirmando que la espera ha valido la pena tanto como el sufrimiento acumulado. Exigen que “hoy antes que mañana” se liberen los fondos que ya están disponibles en el gobierno regional, y lamentan que su situación se complica aún más por la carga financiera de préstamos y las dificultades burocráticas que han surgido tras el fallecimiento de beneficiarios o cambios en su situación fiscal.
Algunos participantes en la reunión han indicado que “ni siquiera el pago inmediato podría saldar el agravio moral que hemos sufrido todos estos años”. La situación sigue siendo crítica y la presión para que se tomen decisiones concretas se intensifica, mientras las familias afectadas continúan esperando la asistencia que les fue prometida hace más de una década.
