La portavoz del Gobierno municipal de Lorca, Rosa Mª Medina, ha manifestado su firme rechazo al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros, calificándolo como «una decisión unilateral, irresponsable y profundamente injusta». En una rueda de prensa celebrada el 15 de abril de 2026, Medina ha señalado que esta medida se ha impuesto «de espaldas a las Cortes Generales y sin consenso político ni social», lo que, según ha subrayado, «supone un desprecio absoluto a las reglas básicas del Estado de Derecho y a la soberanía nacional».
Según Medina, la regularización masiva «castiga a quienes han hecho las cosas bien, a los inmigrantes que han llegado legalmente, con contrato de trabajo y cumpliendo la ley, y premia a quienes han accedido de forma irregular». Ha advertido de que «el Gobierno vuelve a actuar por la puerta de atrás, evitando el debate parlamentario porque sabe que no cuenta con el respaldo suficiente», y ha destacado que «por primera vez en la historia, una decisión de esta magnitud se impone sin pasar por el Congreso ni el Senado».
La edil ha resaltado que esta medida «permitirá regularizar a cientos de miles de personas en situación irregular en España, sin planificación, sin memoria económica y sin evaluar el impacto real que tendrá en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales». Ha alertado de que «serán los ayuntamientos los que tengan que asumir las consecuencias sin financiación adicional ni recursos suficientes», recordando que «los servicios municipales ya están al límite».
Además, Medina ha criticado que «esta medida va a provocar un efecto llamada inmediato, incentivando la llegada de más inmigración irregular y favoreciendo a las mafias que trafican con seres humanos», y ha denunciado que «se está lanzando al mundo el mensaje de que la ciudadanía española se regala, de que no vale nada, y eso es enormemente perjudicial para nuestro país».
La portavoz municipal ha recordado que «este tipo de políticas no son nuevas en el PSOE», haciendo referencia a la expedición masiva de informes de arraigo en Lorca entre 2019 y 2023, que «multiplicándose por tres en apenas unos años y utilizando la administración local con fines políticos». Ha asegurado que «ese modelo ya lo conocemos en Lorca, y sabemos cuáles son sus consecuencias. Lo desmontamos en 2023, pero ahora el sanchismo intenta imponerlo a nivel nacional».
Finalmente, Rosa Medina ha anunciado que el Ayuntamiento de Lorca «seguirá utilizando todos los mecanismos institucionales, políticos y legales a su alcance para exigir la retirada inmediata de esta medida», reiterando que «España necesita una política migratoria seria, ordenada y basada en el control de fronteras, el cumplimiento de la ley, la lucha contra las mafias y el respeto a quienes vienen a aportar y a integrarse». Ha concluido que «lo aprobado ayer no es una solución, sino un problema añadido que va a agravar la situación actual y que demuestra, una vez más, un interés puramente político que pone en riesgo la convivencia, la estabilidad y el futuro de nuestro país».
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