La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, y el portavoz de IU+P+AV, Pedro Sosa, han denunciado lo que consideran una auténtica “persecución” y “grave vulneración” de los derechos de las trabajadoras de la empresa municipal de limpieza, Limusa. Según informan, esta situación afecta especialmente a las trabajadoras de interiores, aunque hay indicios de prácticas similares entre los empleados de limpieza viaria.
Casalduero ha expresado su profunda preocupación por las condiciones laborales de estas trabajadoras, subrayando que están siendo sometidas a un control excesivo por parte de detectives privados que, presuntamente, utilizan métodos engañosos para acceder a los centros de trabajo. “Se trata de trabajadoras en activo que están cumpliendo con su deber, sin que se haya registrado ninguna queja sobre su desempeño laboral”, señaló.
Además, Casalduero afirma que estas prácticas buscan generar un clima de miedo que podría inducir a las trabajadoras a cometer infracciones, justificando sanciones arbitrarias. “El único ‘delito’ de estas empleadas ha sido exigir mejoras en sus condiciones laborales, algo que parece haber incomodado a la dirección de la empresa”, dijo, recordando que varias trabajadoras fueron sancionadas justo después de participar en el debate sobre su situación en el pleno del Ayuntamiento.
El clima de temor en la plantilla es palpable, y Casalduero sostiene que las trabajadoras viven con la constante preocupación de que un pequeño error pueda costarles semanas de suspensión de empleo y sueldo. “Esto no es más que una persecución”, aseveró. También destacó que, junto con el apoyo del PSOE e IU, los sindicatos están brindando respaldo legal y material a las empleadas.
Por su parte, Pedro Sosa calificó de “cobardes” a quienes amedrentan a estas trabajadoras, a las que calificó como las más vulnerables y menos remuneradas en el Ayuntamiento. Sosa destacó que estas trabajadoras han estado defendiendo derechos fundamentales, como la igualdad salarial, y que lo han hecho a través de iniciativas llevadas al Pleno, las cuales han sido rechazadas por el gobierno de PP y VOX.
El portavoz también resaltó la impecable labor que realizan las trabajadoras, respaldando su afirmación con el testimonio de la directora de un centro escolar que ha reconocido que el colegio se mantiene en perfectas condiciones de limpieza. Sin embargo, las sanciones impuestas por la empresa, que incluyen suspensiones de empleo y sueldo, se interpretan como represalias por defender sus derechos y un mensaje intimidatorio al resto del equipo.
En resumen, tanto Casalduero como Sosa han reafirmado su compromiso para frenar lo que consideran una clara violación de los derechos laborales y han exigido la suspensión inmediata de las sanciones. Si no se actúa, Sosa ha advertido que interpondrán una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las numerosas irregularidades que infringen derechos fundamentales y normativas laborales.
