El Gobierno murciano, liderado por Fernando López Miras (PP), ha anunciado que recurrirá a la vía judicial para frenar el nuevo decreto que reduce hasta un 50% los volúmenes trasvasables del Tajo-Segura, una medida que califican de «sentencia de muerte» para la agricultura regional. La decisión ha desatado un enfrentamiento político y social, con los regantes preparando una movilización multisectorial y Castilla-La Mancha defendiendo la medida como un ajuste técnico necesario.
Claves del conflicto
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El recorte:
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El informe del CEDEX, base del futuro decreto, establece que en 2027 solo se trasvasarán 193 hm³ (frente a los 320 hm³ actuales), priorizando el consumo humano sobre el regadío.
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Los embalses de Entrepeñas y Buendía elevarán su umbral para autorizar trasvases: de 1.300 hm³ a 1.600 hm³ en nivel 1, y de 400 hm³ a 550-600 hm³ en nivel 3 («excepcional»).
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Postura de Murcia:
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López Miras tilda la medida de «política, no técnica» y advierte de que hará «inviable» la agricultura en 2027.
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Vox (Alberto Garre) acusa a PP y PSOE de una «carrera de relevos» contra los regantes.
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El Scrats (sindicato de regantes) convocará a administraciones, partidos y empresarios de Murcia, Alicante y Almería para frenar «esta locura«.
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Apoyo de Castilla-La Mancha:
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Emiliano García-Page (PSOE) defiende el decreto como un cumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo y normativa europea, aunque asegura no querer perjudicar el consumo humano en Levante.
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La consejera Mercedes Gómez recalca que el texto recoge sus propuestas técnicas y subraya el recorte del 50% al regadío.
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División en el PP:
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Mientras el PP murciano rechaza el decreto, la diputada castellanomanchega María Gil afirma que su partido prioriza «el agua para los castellano-manchegos«, incluso «por encima de las siglas«.
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Próximos pasos
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Acciones judiciales: Murcia prepara recursos contra el decreto, alegando falta de base técnica.
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Movilización social: Los regantes articularán una plataforma con sectores afectados (agricultura, empresarios) para presionar al Gobierno central.
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Diálogo político: El Scrats buscará consensos con todas las fuerzas políticas, aunque el PSOE de Castilla-La Mancha mantiene su apoyo al recorte.
Contexto: El trasvase, operativo desde 1979, enfrenta históricamente a ambas regiones. Mientras Murcia alega «sequía estructural«, Castilla-La Mancha exige priorizar su caudal ecológico y consumo local. El decreto profundiza la brecha en un año clave para la planificación hidrológica.
