Lucas Jiménez, presidente de Scrats, advierte de las graves consecuencias de las nuevas reglas de explotación del trasvase, que suponen una reducción del 40% de los recursos y de las aguas subterráneas en un 35%
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha lanzado un duro mensaje tras el anuncio de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Según Jiménez, estas modificaciones implican un ‘recorte’ del 40% de los recursos hídricos y una disminución de 213 hectómetros cúbicos de las aguas subterráneas, lo que, en sus palabras, llevará a «una agitación social» sin precedentes entre los regantes del Levante.
En declaraciones al programa Plaza Pública de Onda Regional de Murcia recogidas por Europa Press , el presidente señaló que, aunque el trasvase se encuentra actualmente en buen estado con 1.100 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía (Castilla-La Mancha), esta situación es «un espejismo» para la comunidad de regantes, quienes dependen de estos recursos para mantener la actividad agrícola.
«Las reglas vigentes no solo han permitido mantener el Tajo, sino que también han asegurado el riego aquí», afirmó Jiménez, insistiendo en que «no se necesitan nuevas reglas de explotación». Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) planea implementar cambios que, según el líder de Scrats, pondrán en jaque al mejor regadío del país.
Otro de los puntos críticos señalados es la drástica reducción de las aguas subterráneas explotadas, que se recortarán «prácticamente a la mitad». Esto, sumado al recorte del trasvase, implica una disminución total de recursos del 35%, una cifra que ha calificado como «pírrica» para las necesidades actuales.
En este escenario, el único paliativo ofrecido por el Miteco es el incremento de las aguas desaladas en 38 hectómetros cúbicos, una medida que Jiménez considera insuficiente. «Eliminamos del tablero 318 hectómetros y añadimos una tirita de 38. Esto no representa ni transición ecológica ni responsabilidad estatal», sentenció.
El presidente no ocultó su preocupación por el impacto social que estas decisiones podrían generar. «Si se llevan adelante estos recortes sin ofrecer vías de salida, habrá una algarabía social importante, y el sindicato estará ahí», advirtió. Además, subrayó que si se presentan años con escasez en los embalses de Entrepeñas y Buendía, se podría llegar a un «colapso». En ese escenario, exigió que el Ministerio esté dispuesto a negociar y a poner en marcha «líneas de trabajo» que mitiguen el daño al regadío del Levante.
Entre las demandas del sindicato, mencionó la necesidad de revisar la planificación del Tajo, actualmente bajo análisis del Tribunal Supremo. También destacó la falta de contacto con la nueva titular del Miteco, Sara Aagesen, de quien aún no tiene «ningún punto de referencia» para evaluar su gestión.
Los regantes consideran que el Gobierno debería haber previsto soluciones antes de implementar un recorte tan importante en los recursos hídricos. «Estamos hablando de herir de gravedad al mejor regadío del país», concluyó Jiménez.
