Fulgencio Gil: “No podemos seguir esperando. No hacer nada no es una opción”
Lorca, 18 de febrero de 2025. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha mantenido una reunión con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Murcia para abordar la necesidad urgente de ejecutar las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa de Inundaciones. Este plan, diseñado tras la riada de San Wenceslao en 2012, incluye la construcción de las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como el canal de evacuación de la rambla de Biznaga.
En la reunión han participado los concejales de Urbanismo y Grandes Infraestructuras, María Hernández y Ángel Meca, junto con el Decano del Colegio, Alejandro Lázaro, y su secretario, Alfredo Salar.
Infraestructuras vitales para la seguridad de Lorca
Tanto el Ayuntamiento como los ingenieros han coincidido en que estas obras son de “extrema urgencia” para proteger a los vecinos de Torrecilla, Campillo y Purias, zonas con alto riesgo de inundación. “La construcción de estas presas no es una opción, es una obligación. La paciencia de los lorquinos se ha agotado y el Gobierno central no puede seguir ignorando este problema”, ha señalado Gil, recordando que las consecuencias de no actuar pueden ser devastadoras.
Además, el alcalde ha insistido en la necesidad de limpiar y acondicionar las ramblas del municipio para evitar que la acumulación de escombros y vegetación impida el paso del agua en caso de lluvias torrenciales.
Un problema histórico que requiere soluciones inmediatas
Lorca ha sido históricamente golpeada por inundaciones, como la riada de Santa Teresa en 1879, la de 1973 o la de 2012. En cada una de estas tragedias se han implementado medidas de protección, como la construcción del embalse de Puentes, que evitó un desastre mayor en 2012. Sin embargo, la falta de ejecución de nuevos proyectos pone en peligro a miles de lorquinos.
“El Ministerio para la Transición Ecológica debe reconsiderar su decisión de no ejecutar estas obras. No podemos permitir que se sigan anteponiendo criterios económicos a la seguridad de las personas”, ha concluido Gil.
