El PP adelanta que no se siente representado por el documento, puesto que “no se ha contado nunca con nuestra opinión al respecto”, lo que conlleva que “no estamos atados en absoluto por un proyecto redactado en base a compromisos ajenos”.
Los populares no quieren que en Lorca se repitan los mismos errores que ya se han cometido en ciudades como Murcia, que no han servido nada más que para generar conflictividad entre los vecinos. No vamos a cargar con el peso de erróneas decisiones heredadas.
El portavoz adjunto del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha manifestado que llevamos mucho tiempo intentado averiguar cuál es el contenido del proyecto que el gobierno saliente de nuestro ayuntamiento presentó para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en nuestro municipio. Todos nuestros intentos han resultado infructuosos, y nos consta que otras instituciones lorquinas tampoco son conocedoras del mencionado documento. La falta de transparencia en este sentido está siendo total, tanto que a día de hoy prácticamente nadie sabe en Lorca qué calles son las que se han incluido, a qué conductores afectará y qué alternativas de circulación, tránsito o aparcamiento se han contemplado supuestamente en este texto municipal. Hace unos días anunciaron que se habilitaría un aparcamiento en la zona del camino Marín, pero poco más se ha comentado.
Nuestro planteamiento al respecto ha sido el mismo desde el primer momento, por lo que una de las primeras medidas que adoptaremos durante el inicio del próximo mandato corporativo será trasladar a los organismos competentes el establecimiento de una moratoria para revisar detenidamente qué es lo que se ha previsto, cómo afecta a los lorquinos y qué grado de respaldo real de los vecinos, comerciantes, colectivos y ciudadanos en general existe entorno al proyecto.
No nos han hecho partícipes del proyecto. No se nos ha dado la oportunidad de realizar nuestras aportaciones, ni sugerencias, no ha habido siquiera reuniones de trabajo en las que tuviéramos la oportunidad de establecer el diálogo necesario entre todos para alcanzar un acuerdo consensuado. Este cúmulo de oscurantismo trae como consecuencia que no nos sintamos en ningún caso obligados a nada respecto a lo que hayan querido diseñar de forma unilateral. Ese documento, por tanto, no nos representa y no estamos atados por compromisos ajenos. Somos conscientes de que presentaron un proyecto que obtuvo una financiación económica, pero se tendrá que cambiar para adaptarse a los lorquinos porque no vamos a cargar con el peso de herencias impropias.
Nos inspira muy poca confianza el hecho de que el gobierno saliente, a pesar de que contaba con la financiación para este tema, haya postergado su presentación y desarrollo hasta que pasaran las elecciones municipales. Si no hubieran tenido nada que ocultar, es evidente que no se hubieran registrado estos retrasos.
Nuestra postura va a ser clara: lo que se tenga que hacer se deberá hacer, pero una vez que se alcance el consenso social necesario y respetando siempre la idiosincrasia de nuestro casco urbano y las necesidades reales de los ciudadanos. No queremos que aquí sucedan problemas que nos arrastren a una conflictividad social como la que estamos viendo por ejemplo en la ciudad de Murcia.
Hemos de tener en cuenta que los lorquinos vamos a ser los más perjudicados de toda la Región de Murcia por esta medida del gobierno de España. En nuestro municipio tendrán que sacarse de la circulación de las calles afectadas por la denominación de ZBE un total de 17.233 vehículos. No se ha valorado con seriedad el impacto económico que conlleva esta medida. Tampoco se han analizado las consecuencias para conductores, comerciantes y vecinos.
Es una Ley profundamente injusta y discriminatoria, que penaliza a quienes no cuentan con capacidad económica suficiente para poder renovar sus automóviles. Además, no se ha establecido un plan que estimule la modernización de vehículos a través de su sustitución a través de incentivos económicos. Tampoco han tenido en cuenta, en ningún momento, el evidente perjuicio que va a tener esta medida en el comercio y la hostelería de las calles que se hayan elegido.
