El Ayuntamiento obtiene autorización judicial para derribar construcciones ilegales en zonas rurales, costeando los gastos el infractor.
Además, se han intensificado las inspecciones a trasteros reconvertidos en viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad. La Unidad de Control del Padrón ya ha abierto 75 expedientes sancionadores, 38 de ellos en 2025, con multas que oscilan entre 375 y 3.000 euros.
El servicio se refuerza con dos nuevos agentes censales y un arquitecto técnico, manteniendo un WhatsApp confidencial (608 87 72 04) para denuncias ciudadanas.
Fulgencio Gil: «No toleraremos el hacinamiento ni el fraude en el padrón»
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha declarado: «Seguiremos persiguiendo con mano dura a quienes explotan a personas en infraviviendas. No volveremos al modelo de ciudad dormitorio ni permitiremos prácticas inhumanas. Exigimos que el empadronamiento fraudulento sea tipificado como delito en España».
Gil destacó que, desde la última intervención, se ha multado con 100.000€ a un propietario y se han demolido cinco infraviviendas, asumiendo él los costes. «Eran espacios sin ventilación, luz ni salubridad. Las personas son lo primero, y actuaremos contra quienes las sometan a estas condiciones», afirmó.
Demoliciones en curso y trasteros ilegales
Las primeras demoliciones judiciales se ejecutarán en menos de un mes en una zona de huerta cercana al casco urbano. Paralelamente, el Ayuntamiento investiga trasteros en azoteas usados como viviendas ilegales.
Todas las infracciones quedarán registradas en el Registro de la Propiedad, afectando a futuras ventas del inmueble.
Refuerzo de la Unidad de Control del Padrón
La unidad, coordinada con Policía Local, Guardia Civil, Agencia Tributaria y Catastro, ha realizado:
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452 expedientes de comprobación.
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135 depuraciones por empadronamientos irregulares.
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264 bajas de oficio y 218 cambios de domicilio.
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Identificación de 1.100 residentes, con 320 casos de fraude (personas empadronadas que no vivían en el domicilio).
Gil insistió en la necesidad de tipificar el empadronamiento fraudulento como delito, con penas de cárcel y sanciones económicas. «Lorca no será cómplice de quienes lucran con el sufrimiento ajeno», concluyó.
