El alcalde, Fulgencio Gil, y la decana de ICALORCA, Elisa Campoy, han escenificado esta mañana la rúbrica de un convenio de colaboración por el que el organismo prestará a los lorquinos los servicios de asesoramiento en esta materia
Desde el organismo, se elaborarán informes trimestrales sobre los supuestos tratados, que incluirán propuestas de mejora sobre la base de un diagnóstico relativo a la incidencia real para ser aplicadas también en barrios y pedanías
Fulgencio Gil, alcalde: “Las actividades serán supervisadas mediante la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones y ya está prevista una guía informativa con un protocolo básico de actuación”
“Ante el aumento de casos de ocupación ilegal en el municipio, desde el gobierno de Lorca hemos estimado necesario implementar un mecanismo ágil y eficiente que proporcione orientación jurídica inmediata a los afectados. La base de esta actuación no sólo contempla garantizar el acceso a una vivienda digna, sino promover -por parte de la Administración local- políticas habitacionales y gestionar situaciones derivadas de la ocupación ilegal.
En este sentido, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Lorca (ICALORCA), como entidad de reconocido prestigio, dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar servicios de orientación jurídica especializada a particulares y comunidades afectadas por estas dinámicas, por lo que hemos propuesto encomendar a este organismo la ejecución de actividades materiales y técnicas en el ámbito de la asesoría a los vecinos de Lorca que lo requieran”.
Así lo ha declarado el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, esta misma mañana, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Lorca, junto a su decana, Elisa Campoy. Una cita que ha contado también con la presencia de la primera teniente de alcalde, María del Carmen Menduiña, y que ha albergado la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Lorca y la institución por el que se establece que ICALORCA prestará los servicios de orientación jurídica inmediata a afectados por la ocupación ilegal de inmuebles, actuaciones que se llevarán a cabo por parte de un turno especializado de abogados para atender los casos derivados; previendo la elaboración de informes trimestrales sobre los supuestos tratados, incluyendo datos agregados y propuestas de mejora sobre la base de un diagnóstico relativo a la incidencia real y tipo de situaciones que se han sometido al asesoramiento en razón a viviendas, locales, edificios enteros u otros inmuebles como solares o almacenes, incluso en desuso o ruina; aplicando su proyección sobre las pedanías y barrios de la ciudad. Se prevé, además, la coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en aquellos casos que requieran atención social complementaria.
“El acuerdo -ha apuntado Menduiña- establece una dotación económica de 7.000 euros anuales destinada a sufragar los gastos operativos del servicio, con cargo al presupuesto municipal. La ejecución de las actividades será supervisada mediante la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de ICALORCA. Además, está previsto que en menos de tres meses se apruebe una guía informativa que defina el fenómeno de la ocupación y establezca un protocolo de actuación en caso de padecerla, recogiendo el asesoramiento que se presta mediante la firma del convenio”.
En cuanto a la dinámica y operatividad del servicio, la atención se realizará presencialmente en las dependencias de la institución (plaza del Caño, 3) y a través del teléfono 646274819 de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde (de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas) o en línea las 24 horas a través del correo electrónico info@icalorca.es. “Tanto en las consultas en línea o telefónicas como, en su caso, las presenciales, se garantizará la confidencialidad de las personas usuarias y el respeto a la legislación vigente en materia de protección de datos, atendiendo también a la garantía al respeto al secreto profesional, confidencialidad e independencia de los letrados”, ha apuntado Elisa Campoy, que ha especificado que “ICALORCA seleccionará a los letrados prestadores del asesoramiento, así como al coordinador, mediante procedimiento de concurrencia pública entre sus colegiados en ejercicio”.
“Estos actuarán con la máxima diligencia y profesionalidad, garantizando la confidencialidad y el respeto a la normativa de protección de datos, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), atendiendo a esos informes trimestrales y un informe final que detallen el número de casos atendidos, las actuaciones realizadas y las necesidades detectadas”, ha sumado Campoy. “Por su parte, el Ayuntamiento supervisará las actuaciones mediante la creación de una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada parte, que se reunirá trimestralmente, contemplando la realización de auditorías económicas y de calidad sobre la ejecución de las actividades encomendadas”, ha concluido Gil Jódar.
El convenio tiene una duración de un año y podrá prorrogarse por periodos anuales. Dicho acuerdo se rige por: el artículo 11 de la Ley 40/2015; la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 6/2015, de la Vivienda de la Región de Murcia.
