Con esta medida, se amplían las tipologías infractoras para poder sancionar más conductas fraudulentas detectadas desde la puesta en marcha del control del padrón en junio de 2023.
El objetivo principal es ajustar el padrón a la realidad del municipio, combatir el efecto llamada y erradicar el modelo de ciudad dormitorio. También se busca reducir la infravivienda y asegurar la fidelidad del padrón con la situación real de sus habitantes.
La propuesta, aún en proceso de aprobación, afecta a los artículos 24, 25 y 26 del capítulo de infracciones de la Ordenanza, incrementando la capacidad sancionadora del Ayuntamiento contra incumplimientos leves, graves y muy graves.
Belén Pérez, edil del Padrón, señaló que esta modificación continúa la estrategia de perseguir quienes incumplen sus obligaciones y contribuir a un modelo de municipio más ordenado y justo.
La concejala del Ayuntamiento de Lorca ha destacado la importancia del Padrón Municipal, regulado por la Ley 7/1985 y el Real Decreto 1690/1986, como un registro que refleja la realidad demográfica del municipio.
En respuesta a nuevas casuísticas detectadas, el Ayuntamiento ha decidido modificar su Ordenanza para fortalecer la lucha contra el fraude en el padrón y la infravivienda.
Entre las principales novedades, se amplían las infracciones relacionadas con declaraciones fraudulentas sobre el domicilio, extendiendo la responsabilidad no solo a los propietarios y arrendatarios, sino también a sus representantes y quienes autoricen inscripciones falsas.
Asimismo, se considera infracción muy grave que un propietario modifique el inmueble o cambie su uso a vivienda sin autorización municipal para empadronar personas, especialmente en casos de obras no autorizadas en locales comerciales reconvertidos en infraviviendas, que además quedarán registradas en la Propiedad, generando cargas para el inmueble y protegiendo a terceros de buena fe.
La edil invitó a los vecinos a colaborar mediante un número de WhatsApp (608 87 72 04) para denunciar de forma anónima estas irregularidades, reafirmando el compromiso del equipo de Gobierno de endurecer las sanciones y promover que el fraude de empadronamiento pueda estar tipificado como delito en España, con penas de cárcel y multas para quienes lucran con estas prácticas.
