Presenta una querella con la actual presidenta, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción ha apreciado posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios entre los años 2015 y 2021 en la Autoridad Portuaria de Cartagena. Por este motivo ha presentado ante un juzgado de Cartagena una querella contra su actual presidenta, Yolanda Muñoz, y su antecesor Antonio Sevilla.
La querella también se extiende a un exdirector general de la APC, otra funcionaria y los responsables de varias empresas que se hubiesen beneficiado de la adjudicación de contratos contando con información privilegiada o alteraciones en la baremación de las ofertas en licitaciones públicas.
Esta querella se presenta diez meses después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional registrara varias dependencias de la sede de la Autoridad Portuaria, recabaran distinta documentación y hablaran con funcionarios. Desde entonces se han sucedido las llamadas a la Comisaría de Policía para prestar declaración, en unos casos como testigos y en otros como posibles investigados.
Según afirman desde la Autoridad Portuaria, no les consta ninguna notificación sobre la investigación de la Fiscalía. «Siempre se ha colaborado con la Justicia aportando la documentación requerida. Los procedimientos de contratación se realizan conforme a ley y supervisados por la Abogacía del Estado. En el momento de que tengamos conocimiento de qué contratos están siendo investigados, facilitaremos la documentación necesaria para aclarar las posibles dudas a la Fiscalía», señalan.
Peticiones de dimisión
Desde Podemos, su portavoz, María Marín, ya ha reclamado el cese de Yolanda Muñoz y la “comparecencia urgente” del presidente Fernando López Miras para que dé explicaciones sobre este “presunto amaño de contratos”.
María Marín recuerda también escándalos anteriores como el «robo de vacunas en plena pandemia» y el de los diputados tránsfugas y asegura que «el presunto amaño de contratos en el Puerto de Cartagena demuestra que la pocilga del PP de López Miras sigue funcionando a pleno rendimiento»
