El ministerio público y la propia Comunidad Autónoma le reclaman una indemnización de 74 millones de euros
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad Autónoma, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
El fiscal le pide 11,5 años de prisión, 47 de inhabilitación y una indemnización de 74 millones de euros, que se le serán embargados.
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal entiende que “adquisición de la desaladora generó enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los ayuntamientos”. También habría autorizado la compra del 39% de acciones de la empresa que la construyó y con ello evitó “a la parte privada la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la Comunidad Autónoma”, según afirma el escrito de acusación pública.
Por su parte, la acusación popular (la Comunidad Autónoma) eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitan, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
Tanto el Ministerio Fiscal como la Comunidad Autónoma, explica el auto de la juez, fijan la cantidad de 74,1 millones de euros como el perjuicio total de la operación. Esta sería “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que discurrió con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”.
El coste de construcción de la desaladora fue de poco más de cien millones de euros; si bien la Comunidad Autónoma acabará asumiendo un pago de 599 millones hasta el año 2034 por la obra, el mantenimiento de las instalaciones y la ‘garantía’ de compra de agua se genere o no y se adjudiquen sus caudales o lo se haga.
Precisamente la reclamación de estos 600 millones de euros se está siguiendo en otra causa que instruye el juzgado número 5 de Murcia, conocido como ‘caso La Sal I’. En este asuntos están imputados un total de 17 personas físicas y como siete empresas como responsables civiles subsidiarias.
En ‘La Sal I’ se investiga a los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.
Tras la solicitud del fiscal y la acusación particular, la magistrada acuerda la apertura del juicio oral y, al mismo tiempo, resuelve sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.En este sentido se requiere a Valcárcel que deposite una fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponerse. En el caso de que no presente la fianza, la juez ordena que se embarguen sus bienes.
Asimismo se aclara en el auto que “dado que esta causa está ligada necesariamente con el devenir de las DP 956/2016” del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia -La Sal I’-, el acusado tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado”.
Por último, se señala que por la alta pena solicitada por el fiscal y la propia Comunidad Autónoma, el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial.
Valoraciones
Desde Podemos, su secretario de Comunicación, Víctor Egío, afirma que “la corrupción en el Partido Popular no es una manzana podrida, es una forma de gobierno” y asegura que la apertura de juicio oral da la razón a las denuncias de su partido, y añade que “hay una línea directa que une a Ramón Luis Valcárcel con Pedro Antonio Sánchez, condenado a prisión hace unas semanas, y a ambos con su sucesor y heredero, Fernando López Miras”.
El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, señaló que entre los presuntos casos de corrupción del PSOE: «Ante el modelo de Tito Berni encarnado en el PSOE y el modelo de Tito PAS encarnado en el PP, solo queda Vox».
El propio Gobierno regional, a través de su portavoz, Marcos Ortuño, ha preferido no hacer ningún tipo de valoraciones, salvo que «respetan las decisiones judiciales».
