La Comunidad de Murcia, junto con siete otras autonomías que poseen litoral, ha presentado una reclamación formal para paralizar la reforma de la normativa estatal de costas, según informó el director de Litoral y Puertos, Agustín Osete. Esta medida busca evitar cambios en la legislación que, según las comunidades autónomas, podrían afectar la gestión y protección de las zonas costeras.
Agustín Osete destacó en su declaración que la reforma propuesta por el Estado «pone en riesgo el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales en las costas». El responsable de Litoral y Puertos subrayó la importancia de mantener una normativa que «respete las particularidades de cada región y garantice la participación de las autonomías en la toma de decisiones».
La reclamación de las autonomías se basa en la preocupación por la posible pérdida de competencias en materia de gestión costera, así como por el impacto ambiental que podría derivarse de una regulación centralizada. Osete recordó que las comunidades autónomas «han estado trabajando durante años en políticas específicas para proteger el litoral, y una reforma abrupta podría anular esos esfuerzos».
El director de Litoral y Puertos instó al Gobierno central a «dialogar con las autonomías para encontrar soluciones consensuadas que prioricen la sostenibilidad y el turismo responsable, pilares económicos de las regiones costeras». La postura de la Comunidad de Murcia y otras autonomías refleja una defensa firme de la gestión descentralizada de los recursos costeros.
