La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha adquirido 24 nuevas viviendas, con un importe total de 3.735.053 euros, que se cederán a siete municipios para el realojo de familias en situación de exclusión social. Esta compra, enmarcada en la segunda fase del Programa de Acompañamiento al Realojo de Familias en Situación de Exclusión Social y Residencial Cronificada (PARES), se enmarca en un esfuerzo para garantizar el acceso a una vivienda digna para colectivos en vulnerabilidad.
Las viviendas adquiridas se ubican en los municipios de Cartagena, Murcia, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Fortuna, Cieza y Lorca, y se cederán gratuitamente a los ayuntamientos mediante convenios de colaboración. Estos inmuebles se destinarán a familias que residen en infraviviendas o asentamientos chabolistas, ofreciéndoles una alternativa residencial estable. Con esta incorporación, el total de viviendas adquiridas por el Gobierno regional bajo el PARES asciende a 108, distribuidas en 11 municipios de la Región, con una inversión acumulada superior a 11 millones de euros, cofinanciada por fondos Feder y FSE de la Unión Europea.
El secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, entregó recientemente las llaves de una de las viviendas adquiridas en Lorca al Ayuntamiento de ese municipio. En el acto, destacó que el inmueble «pasará a formar parte del parque público de viviendas del consistorio destinado a ofrecer una alternativa residencial a familias que viven en infraviviendas o asentamientos chabolistas».
Según Lajara, «el Gobierno regional ha adquirido por un importe de 1,3 millones de euros un total de 12 viviendas que se cederán al Ayuntamiento de Lorca para el realojo de familias en situación de exclusión social». El responsable regional subrayó que «el acceso a una vivienda digna es el primer paso para que muchas familias puedan dejar atrás situaciones de exclusión y construir un proyecto de vida con estabilidad. Estas viviendas representan un auténtico ascensor social para quienes más lo necesitan, porque les permiten iniciar una nueva etapa con oportunidades de integración».
Lajara destacó la importancia de la coordinación entre administraciones para garantizar que las viviendas lleguen cuanto antes a las familias beneficiarias, asegurando además el acompañamiento social necesario para su plena integración. Una vez formalizada la cesión, los ayuntamientos asumen la titularidad de los inmuebles, su mantenimiento y la gestión de la cesión de uso a las familias. Este proceso se desarrolla en colaboración con la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y los Servicios Sociales municipales, que garantizan el acompañamiento social para mejorar las condiciones de vida de las familias realojadas.
