La número dos de la candidatura, Gloria Martín, denunció que el precio del alquiler en la Ciudad del Sol se ha triplicado porque existen personas y corporaciones que se han hecho con la propiedad de hasta cuarenta viviendas que están dedicando al arrendamiento de trabajadores de origen extranjero. “El único modo de acabar con la dictadura que está imponiendo este oligopolio, es construir vivienda pública para incrementar su oferta a precios justos y razonables”, aseguró
La número dos de la candidatura de la coalición Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde y concejala del Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha asegurado que su llegada al Gobierno municipal servirá para impulsar la política de vivienda pública y para poner fin al mercado especulativo que está impidiendo el acceso de la ciudadanía a un derecho esencial.
Gloria Martín mostró su preocupación porque el precio del alquiler de la vivienda en Lorca se haya triplicado en apenas ocho años, lo que ha achacado a una estrategia de particulares y corporaciones en los que se está concentrando la propiedad de los inmuebles, que están controlando tanto los precios como su acceso. “Se están cobrando hasta 300 euros por el alquiler de una habitación y 150 por el de una cama, por lo que un piso en alquiler que hace unos años se ofertaba a 400 o 500 euros, ahora genera unos ingresos de 1.500 euros mensuales para sus propietarios”, aseguró Martín. “Claro que hay que poner tope al precio del alquiler, porque hay que acabar con esta espiral inflacionista y con el abuso de cuatro desalmados que se están lucrando con la necesidad de las personas”, dijo.
Gloria Martín también explicó que esta actividad no siempre es declarada a la hacienda pública y que, además, quienes se dedican a este negocio “suelen no facilitar el empadronamiento a sus inquilinos, por lo que tenemos que esforzarnos por terminar con prácticas ilegales y asociadas al mercado negro”, aseguró.
La candidata al Ayuntamiento de Lorca, que actualmente también es consejera de la empresa municipal SUVIOLOR, recordó que la nueva ley considera “gran tenedor” a una empresa o a una persona física que cuente con más de diez viviendas en propiedad, o cinco dentro de la misma zona declarada tensionada. En Lorca, afirmó Martín, “existen personas que se han hecho con la propiedad de hasta cuarenta viviendas que están dedicando al arrendamiento de trabajadores de origen extranjero”. “El único modo de acabar con la dictadura que está imponiendo este oligopolio, es construir vivienda pública para incrementar su oferta a precios justos y razonables”, aseveró.
Por ello, Gloria Martín garantizó que tras la llegada de la coalición al Gobierno municipal, negociarán con el Ministerio de Vivienda reorientar su plan de construir vivienda pública en Carraclaca, unos terrenos que consideró los idóneos “para la construcción del nuevo hospital que Lorca necesita”. “No necesitamos urbanizar Carraclaca para hacer pisos, una tarea que se demoraría siete u ocho años, por lo que no daría respuesta a las necesidades urgentes que tenemos en este momento”, explicó. La intención de Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde es utilizar esa inversión para construir vivienda en barrios, centro histórico y en planes de rehabilitación en pedanías para los jóvenes que quieren quedarse a vivir en sus pueblos.
Para ello, anunció que SUVILOR trabajará de manera prioritaria en la adquisición de promociones fallidas de viviendas, como las ubicadas en la calle Santa Paula o en la calle Julián Mateos Marín, junto al colegio Ana Caicedo. “Creemos que lo inteligente y también lo más conveniente desde el punto de vista económico es aprovechar esas estructuras por las que las promotoras perdieron el interés tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, recuperarlas para que puedan cumplir su objeto y que dejen de ser mazacotes de hormigón sin ninguna función”, concluyó.
