El sector reclama, entre otros, una reducción de todos los trámites burocráticos y los excesos regulatorios a los que se ven sometidos
Las manifestaciones están previstas en todo el territorio nacional y se suman a las protestas que se están realizando en otros países europeos
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha querido dejar clara este lunes, nuevamente, la postura del Ayuntamiento de Lorca y del actual equipo de Gobierno ante las movilizaciones previstas para el próximo 21 de febrero, convocadas por parte de las principales organizaciones agrarias: la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
“Desde el Ayuntamiento de Lorca apoyamos a nuestro sector agrícola en las reivindicaciones que vienen haciendo en materia de precios, la falta de agua… Pero, sobre todo, por la necesidad de que haya una reducción clara de todos los trámites burocráticos y los excesos regulatorios a los que se ven sometidos”
Es más que necesario que las instituciones, y sobre todo el Gobierno de España, se haga eco “del clamor de todos los agricultores, y que se está haciendo llegar a las instituciones europeas, para que de alguna manera se cambie el sistema. El sector primario, recordemos, proporciona los alimentos que ponen las familias todos los días en la mesa; por lo tanto, las movilizaciones que va a llevar a cabo, y que están promoviendo las centrales y asociaciones agrarias el día 21 de febrero, en la Región de Murcia van a ser respaldadas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca”.
“Nuestros agricultores se encuentran en una situación más que preocupante. Estamos en contacto con productores lorquinos, con las cooperativas y empresas agroalimentarias del municipio que están viviendo momentos que comienzan a ser insostenibles”, ha indicado el alcalde, que ha especificado que “por eso, es necesario que el Gobierno de España sea consecuente y tome cartas en el asunto cuanto antes ante la situación que están soportando nuestros agricultores”.
El sector se está viendo afectado por unas políticas agrarias que “les ahogan” y exige cambios en la legislación. El Pacto Verde y la Agenda 2030 supone tener que hacer frente a grandes inversiones, que se verán reflejadas en los precios de los alimentos; a esto se suma la ley de la cadena agroalimentaria, que debe atender a prácticas desleales para evitar sobrecostes, flexibilizando además los requerimientos que prevé.
