Califica de «bulo» las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, que cuestionan dicha interpretación.
Contrario a la habitual postura de la administración política de Castilla-La Mancha, consideramos necesario actuar con prudencia respecto a la sentencia, ya que su interpretación no es sencilla y sus efectos podrían influir en la próxima ciclo de planificación hídrica.
La sentencia no elimina la aplicación gradual de caudales ecológicos ni el escalonamiento, pues su fallo señala: “Declaramos la nulidad de todas las previsiones en el plan hidrológico de la parte española del Tajo que prevean excepciones para cumplir objetivos ambientales en zonas protegidas, si no se han definido objetivos específicos.” Este texto indica que dichas previsiones no pueden basarse en incrementos de caudales si no están vinculadas a circunstancias ambientales concretas.
De acuerdo con el RD 35/2023, los escalones no responden a motivos ambientales, sino a la necesidad de tiempo para desarrollar medidas en la cuenca, por lo que, si no están asociados a condiciones ambientales, no justifican incrementos en los caudales en zonas protegidas.
Si la Administración del Estado interpretara, basándose en las provocadoras declaraciones del líder de Castilla-La Mancha, que la puesta en marcha inmediata de caudales ecológicos está en duda a causa de esta sentencia —lo cual insistimos que no es así—, esto entraría en contradicción con la postura del Tribunal Supremo en el caso de la Comunidad Valenciana, que sí consideró válido el escalonamiento.
Manifestamos nuestro desconcierto ante las declaraciones de la alta política castellano-manchega, que resultan amenazantes y fomentan el odio entre comunidades. Además, nos sorprende la secuencia de hechos: presentación del nuevo Real Decreto, debate en el Congreso, y la votación de la sentencia, todo en días consecutivos. No aceptamos que sea pura casualidad.
Esperamos la reacción del Gobierno central ante esta sentencia, pues aún no ha dado una interpretación clara. La situación evidencia que una planificación hídrica demasiado influenciada por intereses políticos regionales —como la decisión de acabar con el Trasvase Tajo-Segura— solo trae confusión y disputas legales. La decisión política de Pedro Sánchez, que tendía a acabar con el trasvase, se ha materializado en estructuras técnicas que solo generan sentencias poco esclarecedoras.
La proposición de ley de la Región de Murcia, aprobada en el Congreso y defendida por su presidente, parecía una oportunidad para mantener vivo el Trasvase sin dañar los hábitats del Tajo ni los intereses de sus usuarias y usuarios, pero fue votada en contra por 171 diputados, en su mayoría de Murcia, Valencia y Andalucía, en lo que consideramos una votación en contra de los intereses de esas regiones.
Seguiremos pendientes de los próximos pasos y lamentamos la pérdida de esta oportunidad.
