- Considera que, en una democracia europea consolidada, como es la española, “atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho”.
- La secretaria general aseguraba que “ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”.
- Recordaba que ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso “y los letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación”.
- Denunciaba que “Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley”.
El Pleno del Ayuntamiento de Lorca podría rechazar este jueves “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito”. Así lo aseguraba este jueves poco antes de que se iniciara la sesión plenaria la secretaria general del Partido Popular, Rosa María Medina Mínguez, quien anunciaba que solicitará al resto de grupos políticos con representación en el Pleno que consideren que “el imperio de la Ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento”.
La portavoz del equipo de Gobierno reclamará entre los acuerdos de la moción “animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”. Y que se dé traslado de estos acuerdos a Presidencia de gobierno, a la vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Medina Mínguez recordaba que el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el “principio de reconciliación nacional que guio nuestra Transición a la democracia”. Insistía en que la amnistía era una “demanda social” y una “necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura”. Fue, argumentaba, uno de los “instrumentos” con los que se puso punto final a la “represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia”.
La secretaria general de los populares aportaba que, en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, “una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la Ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador, ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”.
Y todo ello, añadía, “mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España”.
Igualmente, recordaba que en 2017 se produjo un “intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores”.
El Tribunal Supremo “condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces, tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referédum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema”, indicaba Medina Mínguez.
Destacaba que no es la primera vez que se plantea esta cuestión. “Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía”.
Los hechos jurídicos “siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo, se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado”, señalaba la portavoz del equipo de Gobierno.
Por último, perseveraba que el precio de la “Presidencia no sería sólo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”.
