Maravillas Abadía, Alma Ezcurra y Borja Giménez Larraz critican la inacción del Gobierno de Sánchez respecto a la ocupación ilegal y la falta de vivienda social.
El Partido Popular ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar medidas más drásticas contra la okupación ilegal, recordando en Bruselas que los ciudadanos no deben ser responsables de financiar esta situación. La reclamación se planteó durante una audiencia pública con expertos en vivienda organizada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y en una reunión previa con la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
La eurodiputada murciana Maravillas Abadía destacó que “el acceso a la vivienda y la propiedad privada son derechos fundamentales, mientras que la ocupación ilegal es un delito”. Lamentó que el Gobierno español no esté persiguiendo este delito, lo que agrava la situación de los propietarios. Abadía también criticó las políticas actuales, que, según ella, reducen la oferta de vivienda al generar inseguridad en los propietarios, quienes temen perder sus inversiones si los inquilinos dejan de pagar.
Por su parte, Alma Ezcurra subrayó que España se encuentra entre los países europeos con desalojo más lento, resultado de la permisividad del Gobierno con los okupas. Ezcurra denunció que el Gobierno ha utilizado la “función social” como justificación para ataques a la propiedad privada y que las leyes actuales favorecen a los okupas en lugar de proteger a los propietarios.
El eurodiputado Borja Giménez Larraz añadió que es responsabilidad del Gobierno atender a la población vulnerable mediante políticas de vivienda social, en lugar de depender de la propiedad privada. Subrayó que el único enfoque efectivo para abordar la crisis de la vivienda es cumplir con las promesas relacionadas con la construcción de más viviendas.
Giménez Larraz acusó al Gobierno de haber incumplido compromisos, señalando que, de las 184.000 viviendas prometidas, solo se han puesto a disposición 10,000, manteniendo a España entre los cinco países de la UE con menos vivienda social construida. La situación actual, según los representantes del PP, resalta la necesidad de un enfoque más rigoroso y efectivo para garantizar derechos fundamentales y atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos.
