El Partido Popular ha registrado una moción para exigir al Gobierno de España la apertura completa del Centro Penitenciario Murcia II y un aumento proporcional de la plantilla del centro, ante una situación «insostenible» que, según la diputada regional María Casajús, afecta tanto a los funcionarios de prisiones como a la seguridad de las instalaciones.
Casajús denuncia la falta de personal, el cierre de cinco módulos y la «dejación institucional» del Gobierno de España ante el deterioro de las condiciones laborales y de seguridad del centro. La parlamentaria regional ha señalado que el centro penitenciario funciona actualmente con cinco módulos residenciales cerrados y una plantilla claramente insuficiente para atender la carga real de trabajo, lo que ha generado una presión creciente sobre los trabajadores.
«El Gobierno de España y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras los trabajadores penitenciarios soportan una presión creciente, en unas condiciones que comprometen tanto su seguridad como la correcta atención a los internos», ha afirmado Casajús, quien ha destacado que la combinación de sobreocupación, falta de inversión y déficit de personal está provocando un «deterioro progresivo de las condiciones laborales dentro del centro penitenciario, incrementando las tensiones, las incidencias y las agresiones».
Además, ha subrayado que los sindicatos vienen alertando desde hace tiempo de la falta de aproximadamente 300 trabajadores para poder atender con garantías las necesidades funcionales del centro, «lo que demuestra que no estamos ante un problema puntual, sino estructural». «El silencio del delegado del Gobierno y la inacción del Ministerio del Interior son especialmente graves porque conocen perfectamente esta situación desde hace años y, aun así, no han adoptado ninguna solución efectiva», ha añadido.
La parlamentaria autonómica ha insistido en que esta situación no solo afecta a los derechos y condiciones de los funcionarios, sino que también repercute directamente en la seguridad y en el funcionamiento adecuado de la institución penitenciaria. «Cuando la Administración deja de prevenir y actúa tarde, convierte el trabajo penitenciario en una actividad mucho más peligrosa de lo que debería ser», ha concluido Casajús, quien ha recordado que lo que reclaman los funcionarios «no es un privilegio, sino una cuestión mínima de legalidad, seguridad y dignidad profesional».
