El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha denunciado hoy la situación de «asfixia» a la que somete el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los Ayuntamientos debido a un sistema de financiación local «injusto», que, según su criterio, incrementa «día tras día la púa de los municipios con Hacienda». En una intervención en la Asamblea Regional de Murcia, Albaladejo ha exigido un nuevo modelo de financiación para los Consistorios, destacando que «no se puede jugar con los recursos de todos los españoles para satisfacer a unos pocos; no debemos sustituir el interés general por una lógica de supervivencia política».
Albaladejo ha criticado el actual sistema de financiación como «desproporcionado» y ha señalado que «el esfuerzo económico que hacen los Ayuntamientos con Hacienda es dantesco por culpa de la falta de financiación económica a la que los somete el Gobierno de Sánchez». Además, ha cuestionado la postura del PSOE, afirmando que «lo único que quiere el PSOE es no molestar a Pedro Sánchez, por eso aceptan el modelo de financiación pactado por Junqueras y el nuevo amigo de Zapatero, Puigdemón, que sigue castigando a la Región de Murcia».
El parlamentario ha subrayado que los Ayuntamientos asumen competencias «más allá de lo que les corresponde», prestando servicios esenciales como agua potable, alcantarillado, basura, seguridad y limpieza viaria, además de servicios culturales y deportivos. A esto se suma la imposición de nuevas obligaciones financieras, como las derivadas de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que exige repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa específica.
En este contexto, el PP ha insistido en la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica y local, para garantizar «la suficiencia financiera» de los Ayuntamientos. Albaladejo ha anunciado que el partido seguirá proponiendo una negociación multilateral, «transparente y sin escondites por parte de ninguna Comunidad», que permita una financiación «consensuada por los principales partidos», asegurando así la sostenibilidad del sistema.
