Rosa María Medina califica la medida de «disparate» y «cesión política» que perjudica a empresas murcianas, y emplaza al PSOE local a definirse sobre su postura.
La secretaria general del PP de Lorca, Rosa María Medina Mínguez, ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una moción para rechazar la medida del Gobierno de Pedro Sánchez que obliga a empresas con más de 250 trabajadores o 50 millones de facturación a formar a sus empleados en catalán para servicios de atención al cliente, incluso fuera de Cataluña. La iniciativa, incluida en el Proyecto de Ley de Atención al Cliente, afectaría a «más de medio centenar de empresas en la Región de Murcia», según Medina.
La dirigente popular tachó la medida de «absoluto disparate, carente de sentido común y fruto de un gobierno plenamente desquiciado», afirmando que «en vez de ayudar a quienes impulsan nuestra economía, el PSOE castiga a los empresarios friéndolos a impuestos y sometiéndolos a obligaciones esperpénticas». Aseguró que esta «imposición lingüística» no responde a demandas del mercado, sino a «una cesión política calculada con socios nacionalistas».
Consecuencias económicas y emplazamiento al PSOE
Medina advirtió que la medida supondrá una «sobrecarga adicional» para las empresas en un momento de demanda de simplificación administrativa, y emplazó a los socialistas lorquinos a decidir «si son lorquinos o marionetas del sanchismo» en la votación de la moción. La iniciativa busca que el Ayuntamiento manifieste su rechazo formal a una norma que considera «discriminatoria y contraria al principio de igualdad».
El debate refleja la tensión política en torno a las condiciones lingüísticas en servicios estatales, con el PP utilizando el caso para criticar los pactos del Gobierno central y presionar al PSOE a nivel local.
