La diputada regional del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha criticado duramente el nuevo Estatuto Marco de Sanidad propuesto por el Gobierno central, argumentando que perjudica tanto a los profesionales sanitarios como a los ciudadanos.
Puntos de desacuerdo
El PP rechaza las propuestas «unilaterales» de la ministra de Sanidad, que incluyen:
- Incompatibilidades más estrictas para los profesionales.
- «Secuestro» de los MIR durante 5 años.
- Reducción de salarios a médicos en algunas comunidades autónomas.
- Falta de atención a la formación continuada, la seguridad laboral y la conciliación familiar.
Según Ruiz Jódar, estas medidas agravarán la escasez de médicos y pondrán en riesgo los derechos de los profesionales. El PP ha presentado una moción en la que solicita la retirada del Estatuto y la elaboración de uno nuevo con el consenso de las comunidades autónomas y los profesionales del sector.
Riesgo de colapso
La diputada popular advierte que, de aprobarse el Estatuto, la «grave crisis» del Sistema Nacional de Salud empeoraría, pudiendo llevarlo «al borde del colapso» debido a la falta de especialistas.
Archivo de diligencias en el Hospital Virgen de la Arrixaca
Ruiz Jódar ha rechazado la propuesta de crear una comisión de investigación sobre derivaciones irregulares en el Servicio Murciano de Salud (SMS), tras el archivo por el Tribunal de Cuentas de las diligencias preliminares sobre los gastos derivados de la actividad asistencial prestada por medios ajenos en el Hospital Virgen de la Arrixaca.
La diputada ha defendido la legalidad de las actuaciones del SMS, señalando que los conciertos para prestar asistencia sanitaria son un complemento a la sanidad pública y están plenamente regulados. También ha justificado la compatibilidad de los profesionales del SMS debido a la necesidad de abordar el déficit de sanitarios.
Ruiz Jódar ha afirmado que el Gobierno regional ha actuado con transparencia y conforme a la ley, y ha acusado a los partidos de izquierda de hipocresía por criticar las derivaciones en la Región de Murcia, mientras que en las comunidades donde gobiernan se destina más dinero a la sanidad privada.