La moción del PP, apoyada por Vox, tacha la medida de «esperpéntica» y advierte que afectará a más de 50 empresas murcianas, suponiendo una «sobrecarga burocrática» innecesaria
LORCA, 29 de septiembre de 2025 – El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado con 14 votos a favor (PP y Vox) y 10 en contra (PSOE e IU-Podemos-AV) una moción de rechazo a la medida del Gobierno de España que obligaría a las empresas a atender a sus clientes en catalán en todo el territorio nacional, incluso en comunidades donde esta lengua no es oficial.
La portavoz del Gobierno municipal, Rosa María Medina Mínguez, calificó la iniciativa de «cesión política calculada» y afirmó que «en vez de ayudar a quienes impulsan nuestra economía, el PSOE castiga a los empresarios friéndolos a impuestos, penalizando a los emprendedores y sometiéndolos a obligaciones tan esperpénticas que parecen un chiste».
Impacto en empresas murcianas
La moción advierte que esta medida afectará directamente a más de medio centenar de empresas radicadas en la Región de Murcia, particularmente en sectores estratégicos como:
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Compañías eléctricas y suministradoras de gas y agua
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Operadoras de telefonía y servicios financieros
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Empresas de transporte (aéreo, ferroviario y por carretera)
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Servicios postales y plataformas de comunicación
Críticas a la «imposición lingüística»
Medina insistió en que «esta imposición lingüística no nace de una demanda real del mercado ni de una necesidad social. No responde a los intereses de los consumidores ni a la mejora de los servicios. Es, en esencia, una cesión política calculada, fruto de un intercambio de favores entre el Gobierno y sus socios nacionalistas».
La portavoz también destacó el impacto económico de la medida: «Supondría una sobrecarga adicional para las empresas justo en el momento donde los empresarios reclaman simplificación administrativa y menos burocracia», coincidiendo con las críticas de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem).
Acuerdos plenarios
El Pleno acordó:
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Reclamar al Gobierno de España que «garantice el uso del castellano como lengua común y vehicular en todo el territorio nacional»
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Respetar la cooficialidad de otras lenguas «sin imponerlas fuera de sus ámbitos territoriales»
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Trasladar el acuerdo al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso
La moción subraya el «rechazo institucional de Lorca» a lo que considera una medida que «sacrifica la lógica empresarial, la igualdad territorial y la libertad lingüística en aras de mantener una mayoría parlamentaria a cualquier precio».
