El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado que organizará rondas de encuentro con residentes y colectivos vinculados al nuevo mapa de riesgo de inundación publicado en julio por el Ministerio para la Transición Ecológica. El Consistorio sostiene que el documento carece de rigor técnico y profesionalidad y propone una puesta en común para esclarecer el contenido y adelantarse a posibles alegaciones durante el periodo de exposición pública, que se extiende hasta el 31 de octubre.
La decisión de realizar estas reuniones presenciales surge tras recibir cerca de un centenar de llamadas y ruegos de información de personas afectadas. Ángel Meca, edil de Pedanías e Infraestructuras, señaló que es “incomprensible” que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) mantenga una cuarta actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación sin atender las alegaciones anteriores, además de ampliar en más de un 50% las zonas de flujo preferente sin criterios claros.
Por su parte, María Hernández, edil de Urbanismo, indicó que se trata de “un nuevo despropósito” de la CHS, que añade hasta diez zonas de gran afección para el municipio while dejando islas reservadas en distintos espacios de las nuevas áreas de riesgo sin justificación. La edil emplazó a que se escuchen las demandas de los afectados, pues “nos va la vida en ello”.
Lorca, 1 de septiembre de 2025. El concejal Meca y la concejala Hernández anunciaron en rueda de prensa que durante septiembre desarrollarán reuniones con todos los agentes afectados tras la última actualización de la CHS sobre zonas inundables. La cartografía contempla la ampliación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), con un incremento superior al 50% de las zonas de flujo, y se enmarca en un proceso de revisión de la vulnerabilidad de la población ante inundaciones en la demarcación del Segura.
El equipo de Gobierno local recalca su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana frente a la última ampliación de las zonas inundables publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica. María Hernández, edil de Urbanismo, aseguró que “no vamos a dejar de lado a los vecinos” y que en julio, con la publicación del documento, ya se ofreció toda la información necesaria, aunque la demanda y la preocupación hayan aumentado.
Hernández subrayó que la nueva expansión de las zonas de riesgo no aumenta la seguridad de forma específica y, en cambio, “destruye los derechos de propiedad, reduce el valor de los terrenos y genera un perjuicio económico y social grave para los vecinos, afectando a numerosos propietarios y actividades profesionales”, citando especialmente a los vecinos de Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias y Cazalla, donde detecta “grandes afecciones sin justificación”.
El concejal de Pedanías e Infraestructuras, Ángel Meca, añadió que “se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación” y cuestionó la necesidad de continuos mapas y líneas de colores en papel, insistiendo en que lo importante es proteger a la ciudadanía con infraestructuras como presas y diques. Meca mencionó también impactos en obras como el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga y las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, señalando que la última publicación las afecta significativamente.
Los vecinos afectados disponen de un periodo de exposición pública de tres meses, que comenzó el 31 de julio de 2025, tras la publicación en el BOE, y que finaliza el 31 de octubre. Hernández lamentó que el anuncio se haya realizado en agosto, cuando muchos vecinos se encontraban de vacaciones, y reclamó respuestas y atención a las alegaciones presentadas en anteriores expedientes, recordando que “no es solo una cuestión de propiedades, sino de la vida de miles de vecinos”.
Se prevé que la próxima reunión, que abordará estas cuestiones y posibles alegaciones, se celebre en IFELOR a mediados de mes, con la participación de asociaciones vecinales, damnificados y entidades como CECLOR o la Cámara de Comercio. El objetivo es sumar a las reclamaciones técnicas las de carácter patrimonial y social, con la cifra de near doscientos propietarios potencialmente afectados.
