Los partidos de la izquierda, en un episodio de clara censura antidemocrática, hacen piña y rechazan que se hable en el pleno del Ayuntamiento sobre una ley que abre las puertas de las cárceles a depredadores sexuales y desampara a las víctimas. Excusaron su negativa en que esta aberrante ley no era una cuestión “urgente”.
García Merinos: “esto no va de ideologías, sino de puro sentido común. La ley que ha recibido críticas de responsables políticos de distinto signo, con trayectoria de gestión en nuestras administraciones. Los ejemplos van desde Felipe González hasta José María Aznar, pasando por Manuela Carmena”.
Isabel García Merinos concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Totana, ha exigido que el Pleno del Ayuntamiento no se convierta en un instrumento de silencio y represión, sino que tiene que actuar como altavoz de las demandas de los ciudadanos. Es muy evidente que los totaneros están en contra de la ley del “Sólo sí es sí”, una norma chapucera que lo único que está consiguiendo es abrir las puertas de las cárceles a decenas de violadores y depredadores sexuales.
Es incomprensible que los partidos de izquierda en Totana no sólo permanezcan mudos ante esta barbaridad, sino que además se hayan unido para impedir que el máximo órgano de representación democrática de los totaneros, como es el Pleno de nuestro Ayuntamiento, siquiera debata una iniciativa en la que pedimos que el gobierno de España corrija esa ley y se asuman responsabilidades políticas por parte de quienes que la han puesto en marcha. Es un ejemplo claro de censura antidemocrática.
El rechazo del bloque de izquierdas en Totana resulta aún más injustificado puesto que en otros municipios murcianos esos partidos no han tenido ningún problema para votar a favor de propuestas muy similares a la que pusimos sobre la mesa en el pleno del pasado jueves. Está claro que no pueden esconderse detrás de argumentos artificiales, ya que su postura es injustificable.
Lo hicieron poniendo como excusa que este asunto no era “urgente”, ante lo que nos preguntamos ¿de verdad no son conscientes de que la defensa de las mujeres víctimas de agresiones sexuales no es la cuestión más urgente que tiene este país en la actualidad? Una urgencia que se ve acentuada al tener en cuenta que, en lo que llevamos de año, ya han sido asesinadas 6 mujeres y uno de sus hijos, y se han quedado huérfanos 11 menores.
En este caso en particular no estamos hablando de postulados políticos, sino de hacer que impere el sentido común. Las mujeres, y de forma general nuestra sociedad, tienen que contar con la protección que se merecen frente a los ataques de abusadores sexuales.
Consideramos que los totaneros merecen que su voz se escuche en su Ayuntamiento, por lo que reclamamos que todos los concejales del Consistorio Municipal atiendan a la manifiesta sensibilidad de este asunto, no den la espalda a algo tan obvio y sean capaces de anteponer los intereses de Totana a su ideología política. Por tanto, les invitamos a realizar un ejercicio de reflexión sobre lo ocurrido, que estamos seguros que redundará en beneficio de todos.
Hasta la fecha un total de 277 delincuentes ya se han beneficiado de esta ley que avergüenza a todas las personas, independientemente de su ideología. Cuando se constata que un texto legal contiene errores, es lógico, normal y habitual que se proceda a corregirlo. Lo que no tiene cabida dentro de la lógica humana es que se empeñen en negar la evidencia. Esta ley es una obcecación pueril y profundamente irresponsable, que han criticado responsables políticos de distinta tendencia, de todo el espectro ideológico, con trayectoria de gestión en nuestras administraciones. Los ejemplos van desde Felipe González hasta José María Aznar, pasando por Manuela Carmena.
Lo único que han conseguido es desproteger a las víctimas y marginarlas a un nivel de desamparo absolutamente inadmisible. Por eso, los colectivos que defienden a la mujer han puesto el grito en el cielo desde el primer momento. En cualquier país del mundo desarrollado, esta aberración hubiera supuesto la dimisión de los políticos responsables de esta Ley.
