Tras las críticas de la concejal socialista Nines Mazuecos, el Ayuntamiento sostiene que la actual situación de la Banda de Música es “consecuencia directa” de la gestión del anterior gobierno del PSOE, al que responsabiliza de haber permitido durante años un modelo “absolutamente irregular y contrario a la legalidad” y a los informes de Intervención, basado en pagos mediante convenio y sin cotización a la Seguridad Social de los músicos. Recuerdan, además, la reclamación del Ministerio de Trabajo de 437.000 euros por cuotas impagadas entre 2020 y 2024 como ejemplo del “riesgo económico y jurídico” heredado, y acusan al PSOE de no haber protegido ni a los músicos ni a la propia Banda cuando gobernaba.
El comunicado municipal subraya que “no existe una Banda Municipal de Música” como tal por esa trayectoria irregular y que el actual equipo de gobierno está actuando “con rigor jurídico, transparencia y responsabilidad económica”, ajustándose a la ley en el nuevo modelo de contratación. Defiende que el pliego aprobado para contratar el servicio de banda de música mediante concurrencia pública supone un ahorro de unos 300.000 euros anuales respecto al sistema anterior y que es el único encaje legal posible según los servicios jurídicos y de Intervención.
El Ayuntamiento rechaza las acusaciones de “liquidación” de la Banda y recuerda que no puede imponer a la empresa adjudicataria condiciones laborales concretas más allá de lo previsto en el pliego, ni interferir en relaciones contractuales privadas, aunque sí puede “instar o promover” la contratación de músicos locales. Considera “cínico” que el PSOE diga que no cuestiona la legalidad del procedimiento cuando, a su juicio, lo que les molesta es que “por primera vez se estén haciendo las cosas bien, conforme a derecho y pensando en el interés general”.
Frente a las “exigencias morales” y promesas de futuro de los socialistas, el comunicado concluye que “la moral empieza por cumplir la ley” y que la cultura de Lorca “se defiende con hechos, con legalidad y con responsabilidad, no con declaraciones grandilocuentes para esconder los errores propios”. En esta línea, el gobierno local afirma que va a mantener el modelo de contratación abierto porque entiende que ordena una situación caótica, garantiza seguridad jurídica y alivia la carga económica para las arcas municipales.
