La calma duró solo unas horas en el barrio de San Antonio. Después de la agresión a un vecino de 68 años el pasado martes, Torre Pacheco ha vivido cuatro noches consecutivas de disturbios, cargas policiales y una comunidad en estado de alerta, dividida entre el miedo y la indignación.
El presunto agresor del anciano fue localizado este lunes en Rentería, Gipuzkoa, cuando, según informan fuentes policiales, intentaba escapar hacia Francia. Tras comparecer ante el juez en Donostia, ha sido enviado a prisión provisional sin fianza. En su contra pesan cargos por delitos de lesiones graves y odio. Los otros dos implicados, detenidos anteriormente, permanecen en libertad con medidas cautelares.
A estas tres detenciones se suman otros diez arrestos en los últimos días, en el marco de un operativo policial establecido para detener los disturbios. Según fuentes oficiales, estos 13 arrestos no corresponden únicamente a la última noche de incidentes, sino que reflejan una acumulación de acciones policiales desde el comienzo de las altercados.
Desde el pasado jueves, se mantiene el dispositivo de seguridad reforzado en el barrio, con cerca de 90 agentes desplegados, incluyendo antidisturbios del Grupo Rural de Seguridad llegados desde Sevilla. La operación también cuenta con drones, controles de acceso y verificaciones masivas de identidad. En total, se ha detectado la presencia de al menos 120 personas con antecedentes penales, llegadas de diferentes lugares de la región y del país.
El coronel Francisco Pulido, jefe de la Comandancia de Murcia, ha señalado que la principal prioridad en estos momentos es impedir nuevas concentraciones violentas convocadas a través de redes sociales. El barrio de San Antonio, en particular, continúa bajo vigilancia permanente, con más de treinta sanciones impuestas por desórdenes públicos.
Por su parte, la ciudadanía también ha comenzado a organizarse. Este lunes por la noche, varios imanes locales convocaron asambleas juveniles en las mezquitas para promover la calma y prevenir mayores enfrentamientos. “Debemos detener esta escalada de odio. Lo ocurrido no representa a nuestra comunidad”, expresaron.
Las autoridades aseguran que el despliegue policial continuará el tiempo que sea necesario. Además, colectivos sociales y partidos políticos reclaman al Ministerio del Interior mayores recursos para contener el clima de tensión y responsabilizarse por la aparente inacción inicial.
Mientras tanto, la investigación judicial por la agresión sigue en marcha en el juzgado de San Javier. Paralelamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tratan de gestionar una tensión social que, por ahora, permanece latente en las calles de Torre Pacheco.
A medida que avanza la investigación, la fractura social en Torre Pacheco resulta cada vez más evidente. El Barrio de San Antonio, conocido por su convivencia intercultural, se ha convertido en escenario de discursos incendiarios, patrullas ciudadanas y llamadas a la venganza difundidas por redes sociales. La respuesta institucional ha llegado de manera tardía y limitada. Ahora, con un municipio en vilo y una comunidad marcada por el miedo, las autoridades deben no solo garantizar el orden, sino actuar con determinación para erradicar cualquier ideología racista o violenta. Porque, en esta ocasión, no solo está en juego la seguridad: está en riesgo la convivencia misma.
