Consideran que supone un «agravio comparativo entre regiones» y aseguran que ahonda en «la diferencia, convertida en algunos casos en abismo, entre comunidades»
Tras confirmarse este jueves el pacto entre PSOE y Junts sobre la amnistía, que permitirá a Pedro Sánchez, volver a ser presidente del Gobierno tras el debate de investidura que se celebrará, previsiblemente, la próxima semana, desde la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem) han emitido un comunicado lamentando la decisión.
«Los empresarios de la Región de Murcia, con Croem como organización más representativa, expresan su repulsa ante una forma de hacer política que antepone intereses partidistas y personales a los generales, que pertenecen a todos los ciudadanos», comienzan.
Asimismo, asegura la patronal, con este acuerdo «incumple las más elementales normas de la convivencia que consagra la Constitución. No se ha respetado la separación de poderes, deslegitimando al judicial. A cambio, se ha legitimado a un prófugo de la Justicia como interlocutor. Y se ha dado un trato privilegiado a determinados territorios en detrimento de otros».
Otro de los aspectos en los que Croem hace hincapié es en el «agravio comparativo entre regiones» que, valoran, «está alcanzando cotas inadmisibles». De este modo, la Confederación considera que se ahonda la diferencia, «convertida en algunos casos en abismo, entre comunidades autónomas. Al grave problema de infrafinanciación que sufre la Región de Murcia, se une su déficit histórico en materia hidrológica y de infraestructuras, sólo corregidos en parte y mal. No se ha atendido nunca la petición para alcanzar grandes acuerdos nacionales entre los partidos constitucionalistas de España y corregir así esos desequilibrios».
Igualmente, el colectivo empresarial resalta que la deuda regional es debida, en su mayor parte, a «una capacidad más limitada para financiarse. Además, y también por la primacía del interés personal sobre el general, en la España de 2023 la mesa del diálogo social parece no existir. Se alcanzan acuerdos de parte por decreto, sin vincularlos al deseable debate entre Gobierno y agentes sociales».
Ahondando en esta cuestión, Croem recuerda que se ha subido el salario mínimo sin contar con el empresariado o la revisión de la jornada laboral, también pactada fuera de la citada mesa. «Es una forma de hacer política profundamente antidemocrática», consideran.
Finalmente, los empresarios de la Región de Murcia consideran «gravísimo» aplicar una amnistía a personas condenadas por delitos contra el Estado, lo que supone, a su juicio, «dinamitar la separación de poderes y establecer baremos distintos entre la ciudadanía, en el más reprobable ejercicio de irresponsabilidad por parte de un Gobierno».
«Los españoles dijeron alto y claro el pasado 23 de julio cuál era su deseo. Otorgaron su confianza a los habituales partidos mayoritarios, no a formaciones nacionalistas y separatistas que quieren amenazan la unidad de España y de mercado», concluyen.
