Tanto el servicio tradicional de autobús, concesionado por el Gobierno Regional a la empresa “Interbus”, como el servicio coyuntural de ADIF, que suple el cierre de las Cercanías, exigen a las personas que utilizan silla de ruedas que comuniquen su intención de viajar a las empresas con 48 y 24 horas de antelación respectivamente.
Sosa acompaña en su denuncia a Jaime García, responsable de “discapacidad” de la coalición de izquierdas, y a Isaac Farré, usuario aguileño afectado por esta imposición discriminatoria e inconstitucional de las empresas del transporte.
En las condiciones de viaje que se pueden leer en la web de “Interbús” se ponen menos reparos a quienes quieran subir al autobús patines eléctricos o tablas de surf, que a quienes utilizan silla de ruedas.
El concejal y portavoz de la coalición de izquierdas (IU+P+AV) Pedro Sosa, comparecía esta mañana ante los medios de comunicación acompañado de dos personas con movilidad reducida: de Jaime García, responsable del área de “discapacidad” en esa coalición, y de Isaac Farré, un joven aguileño que recientemente ha sufrido las consecuencias de un imposición discriminatoria e inconstitucional del servicio de autobús que comunica Águilas con Lorca y con la capital de la Región.
Sosa ha recordado que la Constitución Española expresa en su artículo 49 -dirigido a los discapacitados- que los poderes públicos tienen la obligación de “prestarles la atención especializada” que requieran, amparándolos en el disfrute de sus derechos, y que eso debería implicar que un gobierno (el regional) que concesiona un servicio público a una empresa (Interbús) y una empresa pública estatal (ADIF), que hace otro tanto con otra empresa privada de transportes, están incumpliendo ese mandato constitucional cuando permiten y toleran esta discriminación.
Jaime García, por su parte, abundando en el alegato de Pedro Sosa, ha afirmado que puesto que en el nuevo organigrama político-administrativo del Ayuntamiento de Lorca encontramos una concejalía de Discapacidad, ésta debería atender la puntual denuncia que realizamos, y, por supuesto, solventar los numerosos problemas de accesibilidad que presenta Lorca y muchos de sus edificios públicos, empezando por el propio Ayuntamiento.
Isaac Farré, joven aguileño al que una enfermedad ha dejado en silla de ruedas, ha puesto de relieve las dificultades que tiene para subir a un autobús en Lorca, empezando por la rampa de acceso para personas con movilidad reducida de su estación de autobuses, que está cerrada, y culminando con la exigencia de tener que comunicar a las empresas con 24 y 48 horas de antelación, en función del servicio al que acuda, su intención de viajar en autobús. Esto mismo es lo que ha ocurrido esta misma semana cuando los operarios de la empresa de transporte contratada por ADIF le negaron el acceso al autobús, afirmando que ello implicaba la inutilización de dos asientos del mismo, y que lo tenían prohibido si no mediaba una comunicación previa 24 horas antes.
Isaac ha afirmado que esa exigencia es claramente discriminatoria y que además a un usuario como él, que tiene que acudir a menudo a los servicios de salud de Lorca y Murcia, le genera complicaciones añadidas.
