Murcia estudia acciones legales contra el recorte del trasvase Tajo-Segura mientras los regantes movilizan apoyos

El Gobierno murciano, liderado por Fernando López Miras (PP), ha anunciado que recurrirá a la vía judicial para frenar el nuevo decreto que reduce hasta un 50% los volúmenes trasvasables del Tajo-Segura, una medida que califican de «sentencia de muerte» para la agricultura regional. La decisión ha desatado un enfrentamiento político y social, con los regantes preparando una movilización multisectorial y Castilla-La Mancha defendiendo la medida como un ajuste técnico necesario.

Claves del conflicto

1. El recorte:

   • El informe del CEDEX, base del futuro decreto, establece que en 2027 solo se trasvasarán 193 hm³ (frente a los 320 hm³ actuales), priorizando el consumo humano sobre el regadío.

   • Los embalses de Entrepeñas y Buendía elevarán su umbral para autorizar trasvases: de 1.300 hm³ a 1.600 hm³ en nivel 1, y de 400 hm³ a 550-600 hm³ en nivel 3 («excepcional»).

2. Postura de Murcia:

   • López Miras tilda la medida de «política, no técnica» y advierte de que hará «inviable» la agricultura en 2027.

   • Vox (Alberto Garre) acusa a PP y PSOE de una «carrera de relevos» contra los regantes.

   • El Scrats (sindicato de regantes) convocará a administraciones, partidos y empresarios de Murcia, Alicante y Almería para frenar «esta locura«.

3. Apoyo de Castilla-La Mancha:

   • Emiliano García-Page (PSOE) defiende el decreto como un cumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo y normativa europea, aunque asegura no querer perjudicar el consumo humano en Levante.

   • La consejera Mercedes Gómez recalca que el texto recoge sus propuestas técnicas y subraya el recorte del 50% al regadío.

4. División en el PP:

   • Mientras el PP murciano rechaza el decreto, la diputada castellanomanchega María Gil afirma que su partido prioriza «el agua para los castellano-manchegos«, incluso «por encima de las siglas«.

Próximos pasos

• Acciones judiciales: Murcia prepara recursos contra el decreto, alegando falta de base técnica.

• Movilización social: Los regantes articularán una plataforma con sectores afectados (agricultura, empresarios) para presionar al Gobierno central.

• Diálogo político: El Scrats buscará consensos con todas las fuerzas políticas, aunque el PSOE de Castilla-La Mancha mantiene su apoyo al recorte.

Contexto: El trasvase, operativo desde 1979, enfrenta históricamente a ambas regiones. Mientras Murcia alega «sequía estructural«, Castilla-La Mancha exige priorizar su caudal ecológico y consumo local. El decreto profundiza la brecha en un año clave para la planificación hidrológica.