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Denuncian que el Ayuntamiento de Lorca promueve “falsos autónomos” mediante contratos menores en fraude de Ley

octubre 29, 2021

Gloria Martín tildó de “inadmisible” que un alcalde socialista fomente la precarización de las relaciones laborales y la pérdida de derechos de los trabajadores como si el Ayuntamiento fuera Uber o Glovo. Y también alertó de los riesgos de que esta figura fraudulenta pueda terminar usándose por el Gobierno municipal de turno para dar entrada “por la puerta de atrás” a personas afines “sin que tengan que pasar por los procesos selectivos legalmente establecidos”

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el Ayuntamiento de Lorca está promoviendo la figura de los “falsos autónomos” mediante contratos menores que están en “fraude de ley”.

La edil de IU-Verdes aludió a facturas reconocidas, con una periodicidad mensual, por la Junta de Gobierno Local, “que corresponden a la prestación de los mismos servicios y por una cantidad fija”. Se trata de 19 facturas correspondientes a sendos contratos menores por el concepto de “asistencia en comunicación”, registrados mensualmente por una trabajadora autónoma. El importe de las facturas fue de 800 euros entre los meses de noviembre de 2019 y diciembre de 2020, y de 1.042 entre enero de 2021 hasta hoy.

Martín explicó que ha pedido copia por escrito de estos contratos al Alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), aunque aún no ha obtenido la documentación, por lo que no pudo precisar el tipo de asistencia en comunicación al que se refieren. “No sabemos si esta trabajadora es quien le escribe los discursos al alcalde, lleva sus redes sociales o se dedica a apoyar en labores comunicativas a alguna concejalía, pero es evidente que concurren todas las circunstancias para ser considerado un fraude”. Al respecto, recordó que cuando existe dependencia (es la empresa la que organiza el trabajo, decide los horarios, tareas, objetivos y vacaciones) y el trabajador percibe una remuneración fija y periódica, la relación laboral debería establecerse por cuenta ajena.  En este caso, existe también una concatenación de contratos menores que se prolonga por más de un año, lo que también sería ilegal en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público.

Gloria Martín censuró que desde el Gobierno municipal se propicie una relación laboral “camuflada”, que conlleva grandes ventajas para el consistorio e inconvenientes para la trabajadora. “Es especialmente grave que sea una Administración pública, como el Ayuntamiento de Lorca, la que fomente la precarización de las relaciones laborales y la pérdida de derechos que conlleva imponer fraudulentamente a una trabajadora la condición de falsa autónoma para eludir sus obligaciones y responsabilidades como empleador”, dijo al respecto. La concejal de IU tildó de “vergonzoso” e “inadmisible” que un alcalde, “que se dice socialista, esté implicado en la vulneración, de forma consciente, de los derechos que tiene esta trabajadora, privándola de las condiciones que sí tienen otros empleados públicos como si Ayuntamiento fuera Glovo o Uber”.

Para la concejala de IU, esta situación también conlleva un riesgo cierto para el Ayuntamiento de terminar condenado en el Juzgado de lo Social y aseguró que “ya ha sucedido con anterioridad”.  Y es que un juez puede terminar reconociendo la relación de trabajo e imponer que se la integre en la plantilla de trabajadores municipales como laboral fija. La afectada también podría reclamar la diferencia de cantidades salariales que le hubiera correspondido cobrar durante el último año según el convenio colectivo aplicable. Es decir, el salario, pagas extras, pluses y vacaciones correspondientes en función del convenio. Y, además, podría plantear denuncia contra el ayuntamiento ante la Tesorería de la Seguridad Social en reclamación del pago de las cuotas de cotización a la Seguridad Social que debió haberse abonado por ella durante los últimos 4 años.

Por otra parte, Gloria Martín también alertó de los riesgos de que esta figura fraudulenta pueda terminar usándose por el Gobierno municipal de turno para dar entrada “por la puerta de atrás” a personas afines “sin que tengan que pasar por los procesos selectivos legalmente establecidos”.

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