Sosa exige a la administración que realice las tareas de inspección y control para garantizar los derechos de los residentes de la tercera edad y la calidad en la prestación del concierto
Con la emergencia climática que vivimos y con estos episodios de altas temperaturas que sufrimos en estos días, un colectivo tan vulnerable no puede estar sin ese servicio en sus habitaciones
El edil de izquierdas vuelve a pedir que se deje de “robar” a los mayores de Lorca y de Murcia las pagas extraordinarias y que se acabe definitivamente con el agravio comparativo que sufren nuestros mayores respecto al resto de españoles
Pocos colectivos sociales hay tan vulnerables como el de las personas mayores, y, pese a ello, algunos de los más importantes recortes en el “estado del bienestar” que se han producido en las últimas décadas han tenido como perjudicados más directos a este colectivo: insuficiente financiación de los derechos de los dependientes, copago farmacéutico, drástica reducción de los servicios de atención a domicilio y otras prestaciones sociales, etc.
Todo ello, sentencia Sosa, contraviene las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 expresa que los poderes públicos garantizarán, además de la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad con pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la promoción de su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
En ese contexto, Sosa ha denunciado esta mañana, en nombre de la coalición de izquierdas que representa, la situación que en la actualidad están viviendo los usuarios de la residencia de la tercera edad, CASER, en Lorca. En estos días en los que los termómetros superan ampliamente los cuarenta grados, esos residentes tan vulnerables se enfrentan ya varias semanas a esas temperaturas, con la instalación averiada del aire acondicionado que habría de llegarles a sus habitaciones. Lo que resulta a todas luces insostenible para los más de 150 residentes que acoge esa residencia, de los cuales cerca de 130 son plazas concertadas con la Administración autonómica.
Este último extremo es el que lleva a Pedro Sosa a demandar al Gobierno regional a que despliegue, sin ninguna demora y antes de que ese deficiente funcionamiento ocasione daños irreparables en la salud y hasta en la vida de los mayores residentes, las tareas de inspección y control que garanticen la calidad de la atención (uno de los principios básicos de todo “concierto”) exigiendo a las empresas concesionarias a sujetarse a la Ley que las obliga a disponer de los medios materiales y humanos suficientes para la correcta prestación del objeto del concierto.
Por último, Sosa ha aprovechado su rueda de prensa para volver a poner de relieve una demanda histórica de IU relacionada con el colectivo de personas mayores. Izquierda Unida de Lorca lleva años denunciando el “agravio comparativo” que sufren los residentes de la tercera edad de la región de Murcia respecto a los del resto de autonomías españolas. Las personas mayores que viven en una residencia fuera de la región disfrutan de sus pagas extras; aquí, por el contrario, nuestros mayores deben pagar 14 (y no 12) precios públicos al año, ya que cuando llegan los meses de junio y diciembre (coincidentes con las extras) pagan por su plaza el doble de lo que pagan en el resto de meses, algo que sólo sucede en nuestra Región. Para Sosa, se debería terminar con esta palmaria vulneración del artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan.
