Cada juzgado regional resuelve una media de 1.636 de asuntos al año, cerca de cien más que la media nacional
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha calificado de “muy grave” la situación por la que atraviesa la justicia en la Región de Murcia, en la que “miles de ciudadanos se están viendo afectados ante la falta de respuesta en sus legítimas expectativas”, aludiendo a los efectos que las sucesivas huelgas letrados y funcionarios de Justicia están teniendo en el servicio público; extendiendo su preocupación a los enormes perjuicios para abogados, procuradores, graduados sociales y otros profesionales que colaboran con la Administración de Justicia.
Tras la entrega de de la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia 2022 a los representantes del ejecutivo y legislativo autonómico, Pasqual del Riquelme advirtió que tras la paralización por la pandemia, el bloqueo del Poder Judicial y el déficit histórico de órganos judiciales que padece nuestra Región en relación con otros territorios, la Administración de la Justicia se encuentra en una “situación que lastra decisivamente la eficacia en la prestación del servicio público y su capacidad de atender y resolver en tiempos útiles los litigios de los ciudadanos”.
Del balance anual el presidente recordó que, durante el año 2022, el número de asuntos resueltos los juzgados y tribunales fue de 206.169, remarcando que “en nuestra Región cada órgano judicial resuelve una media de 1.636 asuntos por año y, por tanto, 88 casos más de media que un juzgado o tribunal en el resto del país”, reflejo “del extraordinario esfuerzo que realizan los más de 1.600 jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral”.
Esfuerzo que, sin embargo, lamentó el presidente, “resulta insuficiente atendida la altísima tasa de litigiosidad que soporta la Región, con 144 asuntos por cada 100.000 habitantes”. Todo ello, unido a que seguimos teniendo la segunda peor ratio en dotación de jueces por habitante (solo por detrás de Castilla-La Mancha), explica que los juzgados y tribunales de la Región tengan actualmente, a junio de 2023, más de 150.000 asuntos en trámite, alcanzando la tasa de pendencia más alta a nivel nacional”.
Respecto a las más de 18.500 actuaciones suspendidas provocadas por las huelgas, recordó que “la Sala de Gobierno aprobó un acuerdo que recogía un paquete de medidas y recomendaciones para para que -una vez se restaure la deseada normalidad- las medidas para paliar los retrasos puedan llegar a ser lo más efectivas posibles”. Hoja de ruta que no es posible poner en marcha actualmente, lamentó el presidente, pero que pasan necesariamente por “aumentar la dotación de personal dedicados a recuperar los atrasos producidos por la huelga, o, bien, donde esto no sea suficiente, solicitando al CGPJ y/o al MJU las medidas necesarias”.
Hito fundamental
Pasqual del Riquelme reconocía, no obstante, que 2022 ha sido testigo de un hito que anticipa una mejora fundamental en la justicia regional: “el extraordinario programa de inversiones comprometido por el ministerio de Justicia para la mejora de las infraestructuras judiciales de la Región”. Una inversión anunciada de más de 110 millones de euros en los próximos años; que convierte a la Región en el territorio del Estado que más inversión en infraestructuras recibe de Justicia.
Así, repasaba el presidente, ya se están ejecutando las obras de la sede judicial de Lorca, que está previsto que concluyan a finales del próximo año; se está redactando el proyecto de construcción de la sede de Molina de Segura; en idéntico trámite está el proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia de Murcia, sede del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial; y finalmente se está tramitando la cesión de terrenos para la Ciudad de Justicia de Cartagena.
“Pero, los edificios son meros contenedores vacíos si no se llenan de los recursos humanos, materiales y operacionales que permitan desarrollar en ellos la función para la que han sido construidos”, apostillaba el presidente en su presentación, dejando constancia del déficit de órganos judiciales que padece la Región de Murcia, con una ratio de 11,1 jueces por 100.000 habitantes, de las más bajas del país, y muy por debajo de la media nacional de 12,6. “Situación que sigue lastrando decisivamente la eficacia en la prestación del servicio público, con el riesgo, tantas veces advertido, de convertir a los murcianos en ciudadanos de segunda en lo que a sus posibilidades de acceder a la Justicia”.
Necesidades más acuciantes: once unidades judiciales
Tras la exigua dotación de dos unidades judiciales en la última programación ministerial, el presidente quiso dejar patente su decepción. “El Tribunal Superior de la Región ha apostado siempre por la innovación y ha sido pionero por la introducción de mejoras en el sistema de justicia para hacerlo más eficiente y de más calidad, sin que nuestros esfuerzos se vean recompensados”.
En este sentido, atendiendo a la carga que soportan los órganos judiciales de la Región, la Sala de Gobierno del TSJ constata en su último informe “un importantísimo déficit de planta” y destaca, “como necesidades más acuciantes”, once unidades judiciales: tres juzgados de primera instancia, dos en Murcia y uno en Cartagena; un juzgado en Molida de Segura; un juzgado de lo penal y otro de violencia sobre la mujer, en la capital; una nueva sección penal de la Audiencia Provincial (integrada por cuatro magistrados) y un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria.
“Son tiempos difíciles para la Justicia. Es responsabilidad de todos superarlos. El pasado no puede mejorarse, pero si cabe aprender de él”, concluía su presentación.
