El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lorca ha presentado una solicitud formal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia para que declare la firmeza de su sentencia del 13 de marzo de 2026, con el objetivo de obligar al Ayuntamiento a entregar de inmediato la documentación requerida. Esta medida se enmarca en la continua negativa del alcalde Fulgencio Gil a facilitar información pública esencial para el ejercicio de la oposición, según denunció el concejal socialista Isidro Abellán.
Abellán explicó que desde el inicio del mandato de Gil, en junio de 2023, el Grupo Socialista ha sufrido una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, al ser impedidos de acceder a expedientes clave. Esta situación fue llevada a los tribunales, obteniendo un primer reconocimiento el 2 de junio de 2025 mediante la sentencia 254/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de Murcia. Tras un recurso del actual equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, el TSJ ratificó la sentencia el 13 de marzo de 2026, confirmándola como firme y condenando la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española y el derecho a la participación política.
El concejal socialista destacó un listado alarmante de expedientes bloqueados o incompletos, incluyendo:
– Eventos taurinos: Solicitudes reiteradas de información económica sobre un festejo, respondidas con evasivas.
– Consumo de agua: Incertidumbre sobre datos de contadores municipales, con intentos de desviar responsabilidad hacia la empresa mixta Aguas de Lorca.
– Cánones de IFELOR: Omisión de informes jurídicos y económicos sobre los cánones cobrados antes de la aprobación del precio público.
– Convenio de SEPOR: Falta de documentación oficial sobre un convenio para la entrega de premios, a pesar de que el acto ya se celebró.
– Obras en Zarzalico y Béjar: Ausencia de licencias de obras en expedientes facilitados, a pesar de que las actuaciones se ejecutaron en 2024.
– Demoliciones de Coy y el Centro de Salud: No se ha proporcionado ningún documento técnico o administrativo sobre los derribos anunciados públicamente.
Abellán criticó la actitud «oscurantista» del equipo de Gobierno, afirmando que PP y Vox prefieren incumplir una sentencia judicial firme antes que garantizar transparencia. «Fulgencio Gil debe entender que esto ya no es una cuestión política, sino de acatamiento estricto de la ley. Si no entregan los documentos voluntariamente, el TSJ tendrá que actuar con fuerza para obligarlos», concluyó el concejal.
