El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido este miércoles una moratoria inmediata en la aplicación de la Ley de Costas para frenar el proceso de deslindes y demoliciones que afecta a 600 familias de la comunidad, calificando la situación como “una auténtica agonía” para los afectados. Durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Bernabé denunció la “absoluta arbitrariedad, injusticia e ilegalidad” con la que, a su juicio, está actuando el Gobierno de Pedro Sánchez, y pidió el “desbloqueo urgente” de las iniciativas legislativas del PP para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados.
La reunión, en la que también participaron la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y el consejero de comunidades autónomas del PP con litoral, Jorge García Montoro, responde al compromiso adquirido el pasado 23 de abril tras una reunión con afectados en Cartagena. Bernabé destacó que la situación afecta directamente a 80 familias en Los Nietos, pero se extiende a localidades como Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón o Puntas de Calnegre, alcanzando a un total de 600 familias en la Región de Murcia. A nivel nacional, alertó, el problema afecta a más de 88.000 viviendas, lo que supone cerca de 400.000 personas.
El senador popular cuestionó “duramente” la actuación del Ejecutivo central, preguntándose “dónde queda el derecho a la propiedad privada” y denunciando que se están produciendo ocupaciones de facto sin indemnización. “No se puede privar a nadie de sus bienes si no es mediante compra o expropiación forzosa con garantías”, afirmó, alertando además de la quiebra del principio de seguridad jurídica. Bernabé defendió que la protección del litoral no pasa por derribar viviendas, sino por actuar con medidas eficaces frente a la regresión costera y el cambio climático, recordando la Estrategia de Protección del Litoral aprobada en 2016 por el Gobierno del PP, que contemplaba actuaciones como diques, escolleras o regeneración de playas, y lamentó que “no se haya ejecutado ninguna de estas medidas”.
Por todo ello, exigió al PSOE el desbloqueo inmediato de las proposiciones de ley impulsadas por el PP en el Congreso y el Senado para dar solución a la problemática, así como la aprobación urgente de una moratoria que paralice cualquier actuación de deslinde, ocupación o demolición. “Es una cuestión de respeto institucional, pero sobre todo de dignidad y justicia para miles de familias”, concluyó.
Alicia García criticó la ausencia del Gobierno de Sánchez en la Comisión, señalando que “demuestra su falta de respeto por esta Cámara y, lo que es peor, su falta de sensibilidad y de interés para debatir y resolver un problema que afecta a miles de españoles a lo largo de nuestro litoral”. En su intervención, acusó al sanchismo de ser “el alumno aventajado del chavismo pasando del exprópiese al derríbese”, y subrayó que el PP defiende “la libertad, la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada”.
Por su parte, el senador José Ramón Díez de Revenga denunció que el Estado está demoliendo viviendas “legales y legítimas, solo por ideología”, asegurando que “el PP no lo va a permitir” y que “estamos utilizando todos los recursos del Estado de Derecho para parar esta tropelía”. Dirigiéndose a los afectados, afirmó: “Seguiremos en el Congreso, en Europa y donde haga falta. No les quepa ninguna duda de que el Partido Popular les acompañará en su lucha hasta el final. Porque lo que hace el gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Porque lo que piden los afectados es completamente razonable. Y porque tienen razón”.
