La nueva Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Lumbreras entra en vigor el 8 de mayo de 2026, tras su aprobación por el Pleno Municipal el 27 de enero. La normativa, presentada por la alcaldesa María de los Ángeles Túnez y la segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos, introduce cambios significativos respecto a la anterior ordenanza de 2012, adaptándose a las nuevas necesidades sociales y mejorando la seguridad jurídica de los vecinos.
Entre las novedades destacan la prohibición de tender ropa en balcones o ventanas visibles desde la vía pública, el abandono de solares y jardines en mal estado, la instalación de cañones espantapájaros sin autorización, y el uso de elementos sonoros que perturben el descanso vecinal. Además, se incluyen capítulos nuevos como la degradación visual del entorno y la definición de ‘Zonas de Especial Protección’, que abarcan áreas cercanas a colegios, parques infantiles, centros sanitarios y residencias de mayores. En estas zonas, las infracciones se agravarán en sus sanciones.
La alcaldesa Túnez destacó que la normativa incorpora la ‘justicia restaurativa’, un enfoque que prioriza la educación cívica sobre las sanciones económicas. Explicó que se promoverán actividades educativas y de cooperación social antes de aplicar multas, optando por acciones formativas o labores comunitarias en casos posibles. Por su parte, Jermary Reinaldos subrayó que se regularán las actividades de ocio y consumo de alcohol, obligando a los organizadores a evitar conductas incívicas y a mantener los espacios en su estado original.
En cuanto a las sanciones económicas, se clasifican en leves (hasta 750 euros), graves (de 750 a 1.500 euros) y muy graves (de 1.500 a 3.000 euros). También se establece una reducción del 50% en la multa si se paga antes de los 15 días posteriores a la notificación. Además, se prohíbe la manipulación de mobiliario urbano, juegos infantiles o contenedores de basura, así como el daño al patrimonio natural (árboles o jardines) y el consumo de alcohol en menores. La responsabilidad legal de los menores recaerá en sus padres, madres o tutores legales.
Túnez y Reinaldos coincidieron en que la nueva ordenanza no es un catálogo de prohibiciones, sino un instrumento jurídico completo que equilibra derechos y deberes, moderniza el marco normativo del municipio y apuesta por la educación cívica como herramienta prioritaria frente a la sanción económica.
