Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Lorca, Isidro Abellán y Nines Mazuecos, han denunciado públicamente que el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox, liderado por Fulgencio Gil, continúa incumpliendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) emitida el 18 de marzo de 2026. Esta resolución judicial reconoce una vulneración de los derechos fundamentales del PSOE, derivada de la falta de acceso a información y documentación solicitada, lo que contraviene el Artículo 23 de la Constitución Española y el Artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local.
El caso se centra en el antiguo Centro Comarcal de Salud, afectado por problemas en un muro de contención desde 2020. Según Abellán, el PSOE solicitó en agosto de 2024 todos los informes técnicos sobre el estado del inmueble, tanto municipales como de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el Ayuntamiento respondió con documentación que, según la sentencia, es «desviada e insuficiente» y no guarda relación con lo solicitado. El concejal advierte que el muro de contención de la calle Barandillas supone un riesgo real de derrumbe en periodos de lluvia, sin que el Ayuntamiento aclare sus planes para el edificio.
Por otro lado, Nines Mazuecos ha centrado su crítica en la situación del Albergue de Coy, un edificio del siglo XVIII protegido cuya gestión el Grupo Socialista considera «irregular». El PSOE exige conocer los criterios técnicos que llevaron a decidir primero rehabilitar el edificio (con un presupuesto de 200.000 €), luego cerrarlo y, finalmente, intentar demolerlo pese a su protección patrimonial. Mazuecos cuestiona además por qué el Ayuntamiento pagó el diseño de un proyecto para una obra que finalmente no se iba a realizar.
El PSOE de Lorca advierte que el incumplimiento de esta sentencia firme puede derivar en tres consecuencias legales: ejecuciones forzosas por parte del juzgado, sanciones y multas personales tanto a funcionarios como a responsables políticos, y la exigencia de responsabilidades personales ante la justicia. Abellán ha señalado que «ya no es una cuestión política, es una cuestión de cumplimiento de la ley. El equipo de gobierno debe decidir si sigue instalado en la opacidad o si pretende respetar las sentencias judiciales».
Mazuecos ha criticado al alcalde Fulgencio Gil por intentar «normalizar que él está por encima de decisiones judiciales y de la ley», un mensaje que considera «muy peligroso» para la ciudadanía. La concejal ha recordado que en el pleno del Ayuntamiento se evidenció este «mensaje» con declaraciones del equipo de gobierno de PP y Vox.
El Grupo Municipal Socialista ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de la ley y ha exigido al gobierno local que respete la sentencia judicial, advirtiendo de las posibles consecuencias legales si no se actúa con transparencia y rigor.
