El Ayuntamiento de Lorca ha tomado una medida sin precedentes al personarse como acusación popular en el procedimiento judicial contra el presunto autor de un robo con violencia en la Plaza Real, solicitando su expulsión inmediata del país. La Administración local respalda su petición en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, así como en el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería y el 89 del Código Penal.
La concejala de Régimen Interior, Belén Pérez, ha informado de que es la primera vez que el Consistorio pide la deportación de un acusado bajo estos supuestos legales. «Seremos implacables en los casos de delitos que pueden motivar la expulsión, como el robo con violencia. Vamos a actuar con firmeza para defender la seguridad y la convivencia en Lorca», ha declarado Pérez, anunciando también la intención de personarse en futuras causas similares.
Entre los delitos recogidos en la normativa que pueden llevar a la expulsión figuran no sólo los robos con violencia y contra el patrimonio o la seguridad vial (especialmente en casos de reincidencia o lesiones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas), sino también la falsedad documental, el uso de pasaportes falsos y los empadronamientos ficticios.
La edil ha subrayado que la existencia de residencia legal no impide la expulsión si se cumplen los requisitos legales, según lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “No permitiremos que acciones delictivas alteren la vida en nuestro municipio; quienes las cometan, deberán enfrentarse a la expulsión y a la prohibición de regresar durante hasta diez años”, ha insistido Pérez.
El Ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada, argumentando el interés social relevante que genera este tipo de delitos y la alarma que causan en la ciudadanía. «Lorca es una tierra de integración, libertad y convivencia. No toleraremos que se vulneren estos valores fundamentales», ha concluido la representante del gobierno municipal.
