El plan se ha publicado en julio de 2025, y quieren que se paralice hasta que se ejecuten las infraestructuras hidráulicas recogidas en el Plan de Defensa contra Inundaciones.
En el próximo Pleno, se debatirá una moción conjunta presentada por los grupos municipales Partido Popular y VOX, en la que se insta a ambas instituciones a anular todas las declaraciones, mapas y documentos técnicos relativos a ZFP emitidos desde 2020, por falta de rigor técnico, consenso vecinal y coordinación institucional. Además, el Gobierno local exige el inicio de un nuevo proceso de delimitación de estas zonas, desde cero, garantizando la transparencia y la participación de los vecinos afectados, el propio Ayuntamiento y el Gobierno regional.
El documento también solicita la ejecución urgente de las obras hidráulicas previstas en el Valle del Guadalentín, como las presas de laminación, diques en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga, así como la limpieza y mantenimiento de cauces y ramblas.
Según explican los ediles municipales de Urbanismo y Emergencias, María Hernández y José Martínez, la última actualización de los mapas ZFP ha incrementado más de un 50% la superficie afectada, generando graves consecuencias sociales, económicas y urbanísticas en Lorca. Denuncian que la delimitación se ha llevado a cabo sin atender criterios técnicos sólidos, sin responder a las alegaciones ciudadanas y sin la ejecución previa de las infraestructuras hidráulicas.
El Gobierno local señala que los mapas presentados presentan importantes deficiencias cartográficas y omisiones, clasificando como ZFP zonas donde no existe riesgo real de inundación y excluyendo otras que sí lo son. Consideran que esta delimitación ha llevado a una inseguridad jurídica y económica para cientos de familias, reduciendo el valor de sus propiedades e impidiendo su desarrollo, todo ello sin consulta previa ni notificación oficial.
Ante la situación, el Ayuntamiento ha ofrecido apoyo y asesoramiento a los afectados, y denuncia la falta de respuesta del Gobierno central a las alegaciones presentadas. Además, reclama una actualización del Plan de Defensa contra Inundaciones bajo criterios técnicos consensuados.
Los acuerdos derivados del Pleno se trasladarán al Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Delegación del Gobierno en Murcia, el Gobierno regional, asociaciones vecinales y plataformas afectadas del municipio.
