El Ayuntamiento pide que primero se ejecuten las obras y grandes infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa de Inundaciones, como las presas y diques de laminación, para proteger a los vecinos frente a riadas.
Consideran que aplicar las restricciones previstas por el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura supone un “doble castigo” a cientos de familias: las deja desprotegidas y les arruina económicamente, al reclasificar terrenos y viviendas sin ninguna notificación directa, lo que para muchos representa una expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas.
Críticas por el proceso y falta de información
El Consistorio advierte que solo el Ayuntamiento está informando y apoyando a los afectados, ya que ni el Ministerio ni la Confederación han respondido a las alegaciones anteriores ni han ofrecido explicaciones. Los mapas de zonas de flujo se consideran erróneos, carentes de rigor técnico, y han ampliado en más de un 50% las áreas restringidas, duplicando el número de afectados y el impacto social y económico negativo. El proceso se percibe como arbitrario y carente de consenso vecinal, generando alarma e incertidumbre entre los propietarios.
Demandas y próximas acciones
El Ayuntamiento de Lorca está organizando reuniones y presentando alegaciones conjuntas junto a los afectados, a la vez que apoya posibles movilizaciones vecinales. Reclama que las restricciones queden sin efecto hasta que se construyan las infraestructuras hidráulicas necesarias, y exige que el Ministerio aporte soluciones y cumpla con los planes de defensa ante inundaciones para proteger realmente a los vecinos de Lorca. Mantienen la lucha institucional y jurídica y piden que la inversión se destine a obras reales, no a mapas que “arruinan” la vida de las familias lorquinas.
