Cerca de 200 vecinos respaldan la protesta municipal contra la última actualización de zonas de flujo preferente, que incrementa en un 50% las áreas afectadas y deja «familias arruinadas»
Lorca, 7 de octubre de 2025 – El Ayuntamiento de Lorca ha hecho eco este lunes de la «indignación popular» que ha generado la última actualización de los mapas de Zonas de Flujo Preferente publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica. En una reunión multitudinaria en Ifelor con cerca de 200 afectados, el alcalde Fulgencio Gil calificó la situación de «auténtico disparate» y exigió la «retirada inmediata» de unos mapas que considera «carentes de rigor técnico».
Impacto devastador para los vecinos
La nueva cartografía, publicada el pasado julio, amplía en más de un 50% las zonas de flujo preferente, lo que según el regidor municipal «no sólo deja desamparados a los vecinos, sino que duplica el número de familias arruinadas». Gil alertó que nos enfrentamos a «la mayor batería de expropiaciones que se pretende ejecutar en Lorca en la historia del municipio», afectando gravemente a barrios como El Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias o Cazalla.
Incoherencias técnicas y daños colaterales
El primer edil denunció las graves contradicciones de unos mapas que «incluyen nuevas áreas pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación», mientras generan «islas con casas en pleno flujo». El resultado es una «inseguridad jurídica tremenda» que impide a familias obtener licencias de obra en terrenos legalmente adquiridos o desarrollar sus proyectos empresariales.
Soluciones reales frente a burocracia
Más allá de las críticas, Gil reclamó acciones concretas: «Lo que tienen que hacer es dejarse de enredos y papeleos y ponerse a construir las presas, los diques de laminación y las infraestructuras hidráulicas que defiendan a los ciudadanos». Entre las obras prioritarias citó el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga y las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla.
El Ayuntamiento prepara ahora alegaciones conjuntas con asociaciones vecinales, Ceclor y la Cámara de Comercio para presentar antes del 31 de octubre, sumando a las reclamaciones técnicas las de ámbito patrimonial y social en lo que se perfila como un frente común contra una decisión que mantiene en vilo a «miles de personas».
