Esta inacción por parte del Ejecutivo de Fernando López Miras deja en una situación de desamparo a 26 familias lorquinas que, catorce años después, aún aguardan la compensación que les permitiría cerrar las heridas de la tragedia. La incapacidad de la administración autonómica para ejecutar el pago ha provocado que, según se denuncia, algunos de los afectados hayan fallecido ya durante este largo proceso.
La gestión autonómica, en entredicho
La diputada regional socialista, Marisol Sánchez Jódar, ha tenido que llevar el asunto a la Asamblea Regional para exigir explicaciones y que el Gobierno regional «responda por el dinero retenido en sus cuentas». La partida, aprobada en Consejo de Ministros, evidencia que los fondos están disponibles, pero su distribución depende exclusivamente de la gestión de la Comunidad Autónoma.
Ante esta situación, el concejal socialista Juan Carlos Segura ha cuestionado la prioridad real que el PP regional y local otorgan a Lorca. «El Gobierno regional tiene el dinero, pero no ejecuta el pago. Mientras, el alcalde Gil no logra –o no quiere– que su propio partido agilice una solución para estos vecinos», afirmó Segura, quien subrayó que «la incompetencia en la gestión final recae directamente sobre la administración autonómoma».
La situación mantiene a las familias en un limbo administrativo, poniendo en evidencia un fracaso en la cadena de gestión autonómica que perpetúa el dolor de los damnificados y demora la justicia que Lorca merece.